por Oscar Silva Alvarez | Ago 8, 2019 | Editorial |
Durante la vida, permanentemente van surgiendo
ideas de la más diversa naturaleza y sobre los temas más variados. Muchas las abandonamos
sin darle un minuto para, siquiera, presentarse ante nosotros. Otras nos
alcanzan a seducir y nos llevan de la mano por un camino que termina siendo
como un amor de verano (o la mayoría de ellos); o sea, una simple ilusión.
Sin embargo, otras ideas se
anclan con más fuerza en nuestra mente y logran sortear los obstáculos de lo
cotidiano, de ese mundo en el que lo urgente opaca a lo importante y donde la
inmediatez carcome los fundamentos de la trascendencia. Creo no exagerar cuando
incluyo, dentro de esta última categoría, a la Red Chilena de Investigadores en
Derecho Procesal.
Haciendo memoria y
revisando mi Whatsapp, me encontré con un grupo que, por el año 2015, creó el
prof. E. Letelier, en el que proponía la idea de un encuentro de jóvenes
profesores de derecho procesal. Ese proyecto, como tal, nunca cuajó, pero la
idea persistió y llevó a que, tres años después, en una sala de la facultad de
derecho de la UDP, un grupo de, efectivamente, jóvenes profesores de derecho
procesal (siendo un poco generosos en el calificativo, claro está), decidiera
crear esta institución.
Luego de poco más de un
año y de un arduo, arduo trabajo, asistimos a la concreción de aquella
actividad con la que soñamos en todas las reuniones que hemos tenido. Por lo
mismo, estoy seguro de que cada uno de los miembros de la Red, que hemos
participado en la organización de este evento, debe sentir una especial
satisfacción al presenciar este acto, que nos presenta en la sociedad académica
como un espacio inclusivo de investigación en derecho procesal.
Yendo a lo que nos
convoca, el tema central de este Foro es la justicia electrónica, término que,
hasta hace unos años, estaba completamente disociado de la administración de
justicia, pero que, como una verdadera avalancha, se ha posicionado como un
tema que atraviesa toda la extensión de nuestra disciplina, desde cuestiones
tan conocidas como el soporte inmaterial del proceso hasta zonas menos
exploradas, como la interacción del justiciable con sistemas de inteligencia
artificial que, incluso, podrían efectuar labores de adjudicación. Muchos de
estos temas serán abordados por los participantes de este Foro, quienes fueron
seleccionados de entre un gran número de postulantes, lo que da cuenta de la
seriedad, innovación y gran nivel de sus ponencias. Además, destaco,
especialmente, la participación de nuestro conferencista inaugural, prof. René
Hellman, quien, gracias a la generosa gestión de la prof. Priscila Machado, ha
venido desde Brasil para compartir con nosotros. Sabemos que el prof. Hellman vive
y comparte el derecho procesal desde el uso de la tecnología, lo que no puede
ser más pertinente para la temática de esta actividad académica.
Para terminar, quiero
agradecer, del modo más sincero posible, a todos y cada uno de los que han
trabajado y dado horas valiosas de su tiempo para el éxito de este Foro. En
especial, agradezco la brillante y rigurosa labor desarrollada por nuestro
Comité Académico, conformado por los profesores Macarena Vargas, Jorge
Larroucau y Enrique Letelier. También agradezco el gran apoyo brindado por el
prof. Pablo Martínez, sobre todo en lo que se refiere a nuestro sitio web. Luego,
agradezco a los demás miembros de la directiva de la RED, profesores Ramón García
y Sophía Romero. Por cierto, Sophía es, hoy, nuestra anfitriona y dueña de casa,
y me faltan palabras para reconocer su invaluable y fundamental trabajo en pos
de nuestra institución.
Finalmente, agradezco a
quienes creyeron en nosotros y nos enviaron sus postulaciones para participar
como expositores, así como a todo el público presente en esta sala. Vuestra
presencia es motivo de genuina alegría para todos los que conformamos la RED.
El presente documento contiene las palabras de bienvenida expresadas por el Presidente de la RED Procesal, en la jornada inaugural del Primer Foro Anual de la Red Chilena de Investigadores en Derecho procesal, efectuada el 01 de agosto de 2019, en el campus Viña del Mar de la U. Adolfo Ibáñez.
por Priscila Machado | Jul 25, 2019 | Editorial |
Sobre
el proceso de automatización de funciones, una pregunta recurrente es si la
función jurisdiccional podrá ser automatizada, fenómeno este impensable hace
pocos años. La respuesta a esta problemática está siendo estudiada por diversos
sistemas judiciales en el extranjero y el análisis ya cuenta con la experiencia
del uso de la inteligencia artificial para la automatización de la tramitación
de los procesos. Esta modernización de los servicios e incorporación de
tecnología de punta en las tramitaciones de las Cortes Supremas y tribunales
superiores, no viene sola. El desafío está en los robots que pueden proponer
mejores resoluciones judiciales.
Actualmente,
están en test robots judiciales que
tienen por objetivo rastrear con precisión y gran velocidad acciones similares
y proponer mejor decisión. La predicción de sentencias ya es una realidad por
medio de la inteligencia artificial y sus algoritmos, de modo que pueden
realizar diagnósticos, aprendiendo de sus errores y perfeccionando la
prestación jurisdiccional.
Lo
innovador de esta tecnología es que esta permite a los jueces y funcionarios
contar con resultados previstos, transformándose en un sistema que apoya la
toma de decisiones. Este mecanismo también puede aportar al principio que
garantice el rápido acceso a una decisión jurisdiccional, dado que con el apoyo
de los robots judiciales y la velocidad en reconocer informaciones y recopilar
datos, estos contribuyen para disminuir los tiempos judiciales. También, con el
acceso oportuno de todos los antecedentes y decisiones anteriores, los robots
judiciales pueden auxiliar a la igualdad en la prestación jurisdiccional, dado
que el juez puede tener acceso rápido a todas las sentencias sobre la misma
controversia y también a la legislación aplicable al caso.
En
Estados Unidos, los jueces pueden recurrir a un software para determinar la
pena del imputado, por ejemplo. Por lo menos hace diez años, cuentan con un
software denominado Compas, producido por una empresa privada que es capaz de
cruzar algoritmos para determinar el riesgo de reincidencia. Este software calcula
en base a un cuestionario y en los antecedentes penales. Algunos expertos
sostienen que este algoritmo calcula mayor riesgo si el imputado es negro. En
Brasil, está en prueba el proyecto Victor, que propone decisiones con 85% de acierto.
En Alemania, la inteligencia artificial se utiliza en derecho administrativo,
donde la Oficina de Impuestos emite avaluaciones fiscales sin participación
humana.
La
dificultad será la gestión de esta información. Dado que la sentencia hoy
culmina con el debate deliberativo de las partes y del juez, la consideración
de lo aportado por las partes no puede, en nuestro régimen procesal, ser
reemplazado por un sistema mecánico de precedentes. El principio de la
inmediación, tan fundamental para nuestra cultura procesal, no podrá ser dejado
de lado. El Consejo Europeo publicó recientemente principios éticos para el uso
de la inteligencia artificial en el Poder Judicial.
Obviamente,
la inteligencia artificial debe ser un mecanismo de apoyo a la función ejercida
por los jueces y no su reemplazo. No obstante, esta afirmación puede no ser
admitida en el futuro. Toda esta problemática será discutida en el primer Foro
de la Red de Investigadores en Derecho Procesal, en el próximos días 01 y 02 de
agosto, en el cual todos están cordialmente invitados a discutir tan relevante
tema.
por Red Chilena de Investigadores en Derecho Procesal | Jul 11, 2019 | Editorial |
En la última cuenta pública, el Presidente de la
República anunció el envío de un proyecto de ley que modificará el sistema de
nombramientos de jueces y de fiscales del Ministerio Público.
Sin negar la importancia y oportunidad de la
iniciativa, lo cierto es que nuevamente las reformas legislativas provienen de
situaciones gatilladas por la contingencia.
Si nos ceñimos a lo conocido públicamente, el
proyecto anunciado presenta defectos de origen, al menos en tres aspectos: falta
de visión del problema que se pretende abordar, mantenimiento de la opacidad en
los nombramientos del sistema judicial y la incomprensible ausencia de
convocatoria de la sociedad civil y de la academia.
En efecto, en primer lugar, el Proyecto no abordaría
integralmente el estatuto del juez (perfil del postulante, requisitos para ser
juez, concursos para cargos titulares/suplentes/interinos, calificaciones,
procedimientos disciplinarios, metas de gestión, etc.) sino solo la reforma al
sistema de nombramientos en los jueces de letras, lo que constituye tan solo uno
y quizás el menos problemático de los aspectos del gobierno judicial. Tampoco la
propuesta del ejecutivo considera modificar el sistema de nombramientos en
otros jueces que no pertenecen al poder judicial, como los que integran el Tribunal de
la Libre Competencia, los Juzgados de Policía Local, los Tribunales
Ambientales, los Tribunales Tributarios y Aduaneros, etc. y
que están expuestos a los mismos defectos del actual sistema de
designación de los jueces.
En segundo lugar, es importante entender que el
éxito de una reforma que pretenda generar cambios sustantivos en los aspectos
orgánicos del Poder Judicial, debe considerar el contexto cultural en el cuál
se pretende implementar. Considerando solo aquello que se ha anunciado públicamente
por las autoridades, subsiste el riesgo que se mantenga la incidencia de los
mismos factores políticos en el nombramiento y promoción de los cargos judiciales,
y las prácticas asociadas. La mayoría de los problemas conocidos están
asociados más bien a los poderes político-económicos de las Cortes, asociados a
las funciones disciplinarias y administrativas que legalmente tienen
atribuidas, y que conservarían, y no necesaria y exclusivamente a la
intervención de los propios tribunales en el sistema de nombramientos. En este
sentido, parece importante reflexionar, entre otros asuntos, sobre la
pertinencia del ejercicio de la potestad normativa de la Corte Suprema por la
vía de autos acordados o resoluciones administrativas, como ha sido
precisamente el caso de la resolución del Pleno de 7 de junio del presente (AD-626-2019),
recaída en esta materia, generando un intenso cuestionamiento por diversos sectores.
Finalmente, salvo en los primeros años de la
democracia, estos asuntos no fueron parte de un debate social ni académico
intenso. Atendido la magnitud del problema, no se podría entender que una
reforma de esta naturaleza pueda verificarse actualmente con prescindencia de
esta discusión.
En más de 30 años, con las reformas a la justicia
civil y penal desde 1988 en adelante, la experiencia nos indica que la ausencia
de estos factores impide que los cambios se materialicen e implementen
adecuadamente. Si se aprovecha esta oportunidad, pese a todas las desconfianzas
que se han generado en la ciudadanía, el sistema judicial chileno podría salir
fortalecido. Sin embargo, el debate en los términos actuales no permite ser tan
optimista.
por Dr Juan Sebastián Vera Sánchez | Jun 27, 2019 | Editorial |
El artículo 1 del CPP en su inciso segundo, señala que:
“La persona condenada,
absuelta o sobreseída definitivamente por sentencia ejecutoriada, no podrá ser
sometida a un nuevo procedimiento por los mismos hechos” Se consagra aquí
lo que el código llama principio de persecución única y que la doctrina asigna
el nombre de ne bis in idem procesal.
Una lectura rápida de norma,
quizá por el influjo de la fuerza del ne bis in ídem material,
podría hacernos pensar que se trata de una regla que regula casos esporádicos,
raros, donde es manifiesto el error del funcionamiento del sistema de justicia
penal, que nadie pondría en duda. Otra mirada más atenta podría hacernos ver
que se trata de una garantía reconocida por tratados internacionales de
derechos humanos, y que presenta muchos puntos de contacto con una de las
grandes instituciones del derecho procesal: la cosa juzgada.
Dicha garantía se torna
especialmente importante en los casos de tipificaciones penales complejas, como
aquellas que protegen ciertos bienes jurídicos de titularidad colectiva, o que
son ejemplos de tendencias que elevan a la categoría de figuras autónomas y
principales a conductas preparatorias de tipos básicos. De otro lado,
también empieza a tener importancia en la conjunción de diversos órdenes
jurisdiccionales con un cierto carácter sancionatorio, como cuando un mismo hecho
se castiga con una sanción administrativa y luego se sigue un procedimiento
penal. De igual forma, cuando un mismo hecho se sanciona, primeramente, por un
tribunal nacional y, luego, por un tribunal internacional. Asimismo, la
garantía se torna importante cuando hay unidad de acción (de acuerdo a los
criterios de la dogmática penal como en el caso del delito continuado) o cuando
existiendo diversos hechos (desde el punto de vista histórico) el derecho
considera uno solo desde el punto de vista procesal (ej. Delitos de
emprendimientos como los de la Ley 20.000)
En todos estos casos el ne
bis in ídem procesal empieza a tener una importancia radical,
especialmente, porque se le empieza a configurar como una norma de clausura
procesal que, además de seguridad jurídica, permite evitar someter al inculpado
a la ansiedad y estrés de verse sometido a una nueva expectativa de condena por
hechos que ya fueron juzgados.
La libertad y dignidad del ser
humano re-perseguido encuentra una protección en el entendimiento de la
garantía del ne bis in ídem procesal como una proyección del
mandato de exhaustividad o completitud que, originalmente vinculante para
el juez, se proyecta al Ministerio Público como órgano que ejerce en exclusiva
la investigación y el ejercicio de la acción penal pública. El órgano acusador
dispondría de una sola vez para acusar a un determinado sujeto por determinados
hechos (“one shot”) debiendo
desvalorar en toda su extensión el injusto penal al momento de ponderar el
ejercicio de la acusación. Es decir, no podría guardarse “hechos” o una parte
de ellos ni sus valoraciones. Lo anterior, no solo justificado en el
principio pro libertatis, en la igualdad y dignidad del acusado,
sino también en la clara posición asimétrica de la defensa respecto de la
posición del Ministerio Público quien, reservándose hechos o valoraciones sobre
los mismos, podría acceder a conocer las debilidades de la teoría del caso y
jurídica de la defensa, aumentado de ese modo la probabilidad de condena y
alterando fácticamente la distribución del error adoptada en el estándar de
prueba penal.
El ne bis in ídem procesal
es una garantía que constituye un derecho fundamental de carácter procesal y,
por tanto, un arma poderosa en defensa de nuestros derechos y libertades como
ciudadanos. Lamentablemente se trata de una garantía, por lo menos en el ámbito
procesal, con escaso desarrollo en Chile.
por Macarena Vargas | Jun 13, 2019 | Editorial |
En septiembre
pasado se publicó la Ley
21.081 que modifica la ley de Protección de los Derechos de los Consumidores en
varios aspectos. Uno de ellos se refiere a los mecanismos colaborativos de
solución de controversias de consumo en sede administrativa.
La legislación previa a la reforma contemplaba una instancia de “mediación”
a cargo del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) tanto para acciones de
interés individual como para acciones de interés colectivo o difuso. En el
primer caso se buscaba el entendimiento voluntario entre el consumidor que había
hecho un reclamo y el proveedor afectado por éste y, en el segundo, se perseguía
el mismo fin luego de la detección de hechos
potencialmente constitutivos de infracción a la Ley 19.496 u otras normativas de
protección del consumidor.
Las reiteradas críticas que se hicieron al rol que desempeñaba el SERNAC
en este ámbito (como fiscalizador y mediador al mismo tiempo) gatilló –entre
otras razones- que el legislador propusiera cambios en esta materia. Si bien la nueva normativa regula con mayor precisión las facultades de los
intervinientes y los mecanismos colaborativos que se pueden desarrollar, lo
cierto es que surgen muchísimas dudas sobre como ellos habrán de funcionar.
Ello ocurre, por ejemplo, en relación con la facultad de mediar que se
otorga a las asociaciones de consumidores para las acciones de interés
individual. Me parece que esta decisión no fue acertada, pues el cuestionamiento de imparcialidad
que antes se hacía al SERNAC, con la nueva ley no hizo más que trasladarse a
estas organizaciones civiles. Si la mediación individual realizada por una
asociación de consumidores no prospera, ¿podrán más tarde estas entidades representar
los intereses del consumidor afectado ante los tribunales de justicia? Y ¿quiénes
serán los mediadores y qué estándares de calificación y formación se les
exigirán para desempeñar esta función? Es importante señalar que la nueva ley
elimina la facultad del SERNAC de realizar “mediaciones individuales”, siendo entonces
esta la única vía de llegar acuerdos en forma prejudicial en el caso de las
acciones individuales.
Otro flanco que se abre es el nuevo procedimiento voluntario para
acciones de interés colectivo o difuso a cargo del SERNAC. Su finalidad es llegar a
una solución expedita, completa y transparente entre los consumidores afectados
y el proveedor. De la lectura de la ley surgen dudas acerca de la naturaleza de
este procedimiento, si se trata de una mediación, de una conciliación o de una negociación
entre partes. Ello es relevante, pues permite contar con un marco de referencia
básico acerca de las reglas y principios aplicables. Pero también es relevante
para delimitar con precisión el rol que el SERNAC tendrá en tanto conductor del
procedimiento. Los funcionarios del Servicio que conduzcan estos
procedimientos, ¿tendrán facultades para proponer bases de arreglo o solo deben
limitarse a facilitar la comunicación entre las partes? O ¿se trata de un
proceso de facilitación destinado a desarrollar un programa de acción entre las
partes afectadas basado en un enfoque de consenso?
Estas y otras preguntas no
hacen sino evidenciar la falta de claridad que el legislador tuvo al momento de
regular estos mecanismos colaborativos, así como la ausencia de una visión integral
y comprehensiva del sistema de protección de los derechos y solución de
conflictos de los consumidores, un área especialmente apropiada para amplificar
las soluciones consensuadas.
Este tipo de situaciones
hacen prender las alarmas cuando se conoce la decisión del Ejecutivo de
incorporar la mediación en sede civil. Hasta ahora solo sabemos de anuncios
generales, sin tener mayor conocimiento sobre la regulación de este mecanismo
en el Proyecto de Nuevo Código Procesal Civil. Hacemos votos para que legisladores
y sus asesores puedan instruirse primero acerca del enfoque, los objetivos y las
dinámicas asociadas a los mecanismos colaborativos cuando llegue el momento de
apretar un botón y aprobar o no la propuesta legislativa que se avecina.
por Pablo Martínez | Jun 6, 2019 | Editorial |
Cuando cursaba cuarto o quinto año de
derecho, la verdad no lo recuerdo, se abrió una plaza de ayudante para el
Departamento de Derecho Procesal. Sí recuerdo con morbo como se declaraba
desierto el concurso. No había ganas de postular entre mis compañeros porque
nadie recorría los pasillos diciendo “a mí me gusta el Derecho Procesal, eso es
lo mío”. Este descrédito o desprecio por nuestra disciplina, sin temor a
equivocarme es una cuestión que se replicaba en otras escuelas de derecho del
país, y es que la fama de esta rama del derecho de aburrida, monótona,
legalista, adjetiva y a ratos somnífera hacía que se le tratara únicamente bajo
la premisa del deber: Tengo que aprender Derecho Procesal, aunque no me guste. ¿De
dónde provenía (o proviene) esta mala fama? La pregunta más de fondo es ¿ha
cambiado esta noción hoy?
Podemos
coincidir usted lector y yo, que el problema radicaba en el contenido de la
enseñanza. Se nos enseñaba procedimiento, rito, derecho procedimental: plazo,
requisito y efectos. Esto era tanto abrumador como agotador. Alguno por ahí
profundizaba (atrevido para su época) y otros esquivaban de tener que enseñar
teoría de la acción o teoría del proceso. El resto era básicamente un repaso
por los distintos títulos del Código Orgánico y los libros del Código de
Procedimiento Civil. Nadie nos habló de postulación procesal, de la potestad
cautelar, de las crisis procesales, de la diferencia entre inadmisión y rechazo
liminar ni del principio de adquisición procesal.
Hoy
por cierto la cuestión ha dado un vuelco. En un estudio muy interesante como
curioso, el profesor Cristián Maturana Miquel, describe cómo ha cambiado la
inquietud por la investigación en esta rama del Derecho. Hace veinte años Chile
carecía de un núcleo fecundo de investigadores y no había casi doctores del
área, de hecho, la mayor cantidad de docentes en las universidades eran
abogados de ejercicio y sobre todo era muy bien valorado que un Juez hiciera
clases de Derecho Procesal, porque sabía “tramitar”, sabía de “tramitación” y
aquello era imprescindible. Hoy, no hay escuela de derecho seria, que no tenga
un doctor o doctorando en su departamento de Derecho Procesal.
Pues bien, teniendo presente el vuelco aquél y
la profesionalización de la academia del Derecho Procesal, el tema de fondo es
si los contenidos han cambiado. Sin duda que ha habido un cambio, una mirada
diferente y una profundización en el estudio de las instituciones más que en
repetir de memoria un plazo, los requisitos de interposición del recurso y el
efecto de la reserva de acciones. Hay en nuestro país desarrollo e inquietud por
estudios dogmáticos llenos de sustancia y fecundos además en conocimiento
cuantificable. Sin duda ha de revisarse el antiguo calificativo de “derecho
adjetivo”.
Esto impacta, creo de manera
directa sobre la administración de justicia, sobre la litigación y sobre el día
a día judicial, no es cuestión que no produzca un efecto directo. Esta nota, es
la gran utilidad práctica de la enseñanza teórica dogmática del Derecho
Procesal.
Lamentablemente, esta realidad científica aún
está distante del ejercicio profesional. Aún no hemos (porque me siento parte de este
emprendimiento titánico) logrado desde la academia permear a los operadores
jurídicos ni al adjudicador, de esta sustancia y riqueza científica. Y tiene
que ver con tradición de enseñanza, con nuestro pecado original comentado. Aún
vemos fallos que no distinguen entre proceso y procedimiento, se habla en
pasillos y por administradores de tribunal del “patrocinio y poder” como una
sola institución o se oponen por litigantes excepciones de legitimación pasiva
en juicios ordinarios bajo la incombustible excepción del 303 numeral 6 de
nuestro alicaído Código de Procedimiento.
Esto
no debe desalentarnos, debemos permanecer (romántica/estoicamente) difundiendo
este lenguaje técnico que nos devuelva el estándar científico hasta que logremos
abrir la grieta del procedimentalismo aún instaurado en la adultez de la praxis
forense.
Sin embargo, este abismo entre
la praxis y la academia no es solo responsabilidad de los operadores, también
es responsabilidad nuestra y radica en la displicencia por el estudio de temas
generales o clásicos, en muchos casos atribuible a la necesidad de generar
conocimiento cuantificable eficiente, del que las obras generales están
desprovistas. Los invito y desafío a que busquen en vuestras bibliotecas una
sola obra nacional que lleve por título “Teoría general del proceso”. Si bien
es cierto, hay algunos esfuerzos hoy (sobre todo por profesores ya consagrados)
por darle una sistematización a temas generales, se observa con inquietud que
la investigación profunda de nuestros nuevos profesores de Derecho Procesal, está
en desplazar la pluma por problemas de gran especificidad, innovadores sin duda,
traídos desde otras latitudes, incluso desde el mundo anglosajón, pero
olvidando que tenemos una deuda de medio centenario por lo menos, con los temas
teórico generales que forman el tronco. En otras latitudes, se abordó hasta el
agotamiento la teoría del proceso, la jurisdicción, el estatuto de sujetos procesales,
el acto jurídico procesal, etc.; pues bien, bienvenidos entonces ahí los
estudios que aborden campos no explorados. Ese no es nuestro caso, no es
nuestra realidad.
Creo que la consciencia
sobre esta cuestión genera esfuerzos que redundan en una mejor calidad en la
administración de justicia, devuelve profundidad a la actividad procesal y
permite sobre todo que los futuros abogados y jueces aún en formación entreguen
el día de mañana soluciones óptimas al conflicto jurídicamente relevante. Mientras
tanto, seguiremos intentando quitarnos el estigma del patito feo o de la
cenicienta de entre las disciplinas jurídicas, hasta que retome el Derecho
Procesal el lugar que merece, no solo por el deber de tener que estudiarlo.
