Palabras de bienvenida

Palabras de bienvenida

Durante la vida, permanentemente van surgiendo ideas de la más diversa naturaleza y sobre los temas más variados. Muchas las abandonamos sin darle un minuto para, siquiera, presentarse ante nosotros. Otras nos alcanzan a seducir y nos llevan de la mano por un camino que termina siendo como un amor de verano (o la mayoría de ellos); o sea, una simple ilusión.  

            Sin embargo, otras ideas se anclan con más fuerza en nuestra mente y logran sortear los obstáculos de lo cotidiano, de ese mundo en el que lo urgente opaca a lo importante y donde la inmediatez carcome los fundamentos de la trascendencia. Creo no exagerar cuando incluyo, dentro de esta última categoría, a la Red Chilena de Investigadores en Derecho Procesal.

            Haciendo memoria y revisando mi Whatsapp, me encontré con un grupo que, por el año 2015, creó el prof. E. Letelier, en el que proponía la idea de un encuentro de jóvenes profesores de derecho procesal. Ese proyecto, como tal, nunca cuajó, pero la idea persistió y llevó a que, tres años después, en una sala de la facultad de derecho de la UDP, un grupo de, efectivamente, jóvenes profesores de derecho procesal (siendo un poco generosos en el calificativo, claro está), decidiera crear esta institución.  

            Luego de poco más de un año y de un arduo, arduo trabajo, asistimos a la concreción de aquella actividad con la que soñamos en todas las reuniones que hemos tenido. Por lo mismo, estoy seguro de que cada uno de los miembros de la Red, que hemos participado en la organización de este evento, debe sentir una especial satisfacción al presenciar este acto, que nos presenta en la sociedad académica como un espacio inclusivo de investigación en derecho procesal.    

            Yendo a lo que nos convoca, el tema central de este Foro es la justicia electrónica, término que, hasta hace unos años, estaba completamente disociado de la administración de justicia, pero que, como una verdadera avalancha, se ha posicionado como un tema que atraviesa toda la extensión de nuestra disciplina, desde cuestiones tan conocidas como el soporte inmaterial del proceso hasta zonas menos exploradas, como la interacción del justiciable con sistemas de inteligencia artificial que, incluso, podrían efectuar labores de adjudicación. Muchos de estos temas serán abordados por los participantes de este Foro, quienes fueron seleccionados de entre un gran número de postulantes, lo que da cuenta de la seriedad, innovación y gran nivel de sus ponencias. Además, destaco, especialmente, la participación de nuestro conferencista inaugural, prof. René Hellman, quien, gracias a la generosa gestión de la prof. Priscila Machado, ha venido desde Brasil para compartir con nosotros. Sabemos que el prof. Hellman vive y comparte el derecho procesal desde el uso de la tecnología, lo que no puede ser más pertinente para la temática de esta actividad académica.

            Para terminar, quiero agradecer, del modo más sincero posible, a todos y cada uno de los que han trabajado y dado horas valiosas de su tiempo para el éxito de este Foro. En especial, agradezco la brillante y rigurosa labor desarrollada por nuestro Comité Académico, conformado por los profesores Macarena Vargas, Jorge Larroucau y Enrique Letelier. También agradezco el gran apoyo brindado por el prof. Pablo Martínez, sobre todo en lo que se refiere a nuestro sitio web. Luego, agradezco a los demás miembros de la directiva de la RED, profesores Ramón García y Sophía Romero. Por cierto, Sophía es, hoy, nuestra anfitriona y dueña de casa, y me faltan palabras para reconocer su invaluable y fundamental trabajo en pos de nuestra institución.

            Finalmente, agradezco a quienes creyeron en nosotros y nos enviaron sus postulaciones para participar como expositores, así como a todo el público presente en esta sala. Vuestra presencia es motivo de genuina alegría para todos los que conformamos la RED.


El presente documento contiene las palabras de bienvenida expresadas por el Presidente de la RED Procesal, en la jornada inaugural del Primer Foro Anual de la Red Chilena de Investigadores en Derecho procesal, efectuada el 01 de agosto de 2019, en el campus Viña del Mar de la U. Adolfo Ibáñez.

¿SERÁN NECESARIOS JUECES EN EL FUTURO?

¿SERÁN NECESARIOS JUECES EN EL FUTURO?

Sobre el proceso de automatización de funciones, una pregunta recurrente es si la función jurisdiccional podrá ser automatizada, fenómeno este impensable hace pocos años. La respuesta a esta problemática está siendo estudiada por diversos sistemas judiciales en el extranjero y el análisis ya cuenta con la experiencia del uso de la inteligencia artificial para la automatización de la tramitación de los procesos. Esta modernización de los servicios e incorporación de tecnología de punta en las tramitaciones de las Cortes Supremas y tribunales superiores, no viene sola. El desafío está en los robots que pueden proponer mejores resoluciones judiciales.

Actualmente, están en test robots judiciales que tienen por objetivo rastrear con precisión y gran velocidad acciones similares y proponer mejor decisión. La predicción de sentencias ya es una realidad por medio de la inteligencia artificial y sus algoritmos, de modo que pueden realizar diagnósticos, aprendiendo de sus errores y perfeccionando la prestación jurisdiccional.

Lo innovador de esta tecnología es que esta permite a los jueces y funcionarios contar con resultados previstos, transformándose en un sistema que apoya la toma de decisiones. Este mecanismo también puede aportar al principio que garantice el rápido acceso a una decisión jurisdiccional, dado que con el apoyo de los robots judiciales y la velocidad en reconocer informaciones y recopilar datos, estos contribuyen para disminuir los tiempos judiciales. También, con el acceso oportuno de todos los antecedentes y decisiones anteriores, los robots judiciales pueden auxiliar a la igualdad en la prestación jurisdiccional, dado que el juez puede tener acceso rápido a todas las sentencias sobre la misma controversia y también a la legislación aplicable al caso.

En Estados Unidos, los jueces pueden recurrir a un software para determinar la pena del imputado, por ejemplo. Por lo menos hace diez años, cuentan con un software denominado Compas, producido por una empresa privada que es capaz de cruzar algoritmos para determinar el riesgo de reincidencia. Este software calcula en base a un cuestionario y en los antecedentes penales. Algunos expertos sostienen que este algoritmo calcula mayor riesgo si el imputado es negro. En Brasil, está en prueba el proyecto Victor, que propone decisiones con 85% de acierto. En Alemania, la inteligencia artificial se utiliza en derecho administrativo, donde la Oficina de Impuestos emite avaluaciones fiscales sin participación humana.

La dificultad será la gestión de esta información. Dado que la sentencia hoy culmina con el debate deliberativo de las partes y del juez, la consideración de lo aportado por las partes no puede, en nuestro régimen procesal, ser reemplazado por un sistema mecánico de precedentes. El principio de la inmediación, tan fundamental para nuestra cultura procesal, no podrá ser dejado de lado. El Consejo Europeo publicó recientemente principios éticos para el uso de la inteligencia artificial en el Poder Judicial.

Obviamente, la inteligencia artificial debe ser un mecanismo de apoyo a la función ejercida por los jueces y no su reemplazo. No obstante, esta afirmación puede no ser admitida en el futuro. Toda esta problemática será discutida en el primer Foro de la Red de Investigadores en Derecho Procesal, en el próximos días 01 y 02 de agosto, en el cual todos están cordialmente invitados a discutir tan relevante tema.

Sobre la Designación de los Jueces

Sobre la Designación de los Jueces

En la última cuenta pública, el Presidente de la República anunció el envío de un proyecto de ley que modificará el sistema de nombramientos de jueces y de fiscales del Ministerio Público.

Sin negar la importancia y oportunidad de la iniciativa, lo cierto es que nuevamente las reformas legislativas provienen de situaciones gatilladas por la contingencia.

Si nos ceñimos a lo conocido públicamente, el proyecto anunciado presenta defectos de origen, al menos en tres aspectos: falta de visión del problema que se pretende abordar, mantenimiento de la opacidad en los nombramientos del sistema judicial y la incomprensible ausencia de convocatoria de la sociedad civil y de la academia.

En efecto, en primer lugar, el Proyecto no abordaría integralmente el estatuto del juez (perfil del postulante, requisitos para ser juez, concursos para cargos titulares/suplentes/interinos, calificaciones, procedimientos disciplinarios, metas de gestión, etc.) sino solo la reforma al sistema de nombramientos en los jueces de letras, lo que constituye tan solo uno y quizás el menos problemático de los aspectos del gobierno judicial. Tampoco la propuesta del ejecutivo considera modificar el sistema de nombramientos en otros jueces que no pertenecen al poder judicial, como los que integran el Tribunal de la Libre Competencia, los Juzgados de Policía Local, los Tribunales Ambientales, los Tribunales Tributarios y Aduaneros, etc. y que están expuestos a los mismos defectos del actual sistema de designación de los jueces.

En segundo lugar, es importante entender que el éxito de una reforma que pretenda generar cambios sustantivos en los aspectos orgánicos del Poder Judicial, debe considerar el contexto cultural en el cuál se pretende implementar. Considerando solo aquello que se ha anunciado públicamente por las autoridades, subsiste el riesgo que se mantenga la incidencia de los mismos factores políticos en el nombramiento y promoción de los cargos judiciales, y las prácticas asociadas. La mayoría de los problemas conocidos están asociados más bien a los poderes político-económicos de las Cortes, asociados a las funciones disciplinarias y administrativas que legalmente tienen atribuidas, y que conservarían, y no necesaria y exclusivamente a la intervención de los propios tribunales en el sistema de nombramientos. En este sentido, parece importante reflexionar, entre otros asuntos, sobre la pertinencia del ejercicio de la potestad normativa de la Corte Suprema por la vía de autos acordados o resoluciones administrativas, como ha sido precisamente el caso de la resolución del Pleno de 7 de junio del presente (AD-626-2019), recaída en esta materia, generando un intenso cuestionamiento por diversos sectores.

Finalmente, salvo en los primeros años de la democracia, estos asuntos no fueron parte de un debate social ni académico intenso. Atendido la magnitud del problema, no se podría entender que una reforma de esta naturaleza pueda verificarse actualmente con prescindencia de esta discusión. En más de 30 años, con las reformas a la justicia civil y penal desde 1988 en adelante, la experiencia nos indica que la ausencia de estos factores impide que los cambios se materialicen e implementen adecuadamente. Si se aprovecha esta oportunidad, pese a todas las desconfianzas que se han generado en la ciudadanía, el sistema judicial chileno podría salir fortalecido. Sin embargo, el debate en los términos actuales no permite ser tan optimista.

Un solo disparo: ne bis in idem y cosa juzgada

Un solo disparo: ne bis in idem y cosa juzgada

El artículo 1 del CPP en su inciso segundo, señala que:

“La persona condenada, absuelta o sobreseída definitivamente por sentencia ejecutoriada, no podrá ser sometida a un nuevo procedimiento por los mismos hechos” Se consagra aquí lo que el código llama principio de persecución única y que la doctrina asigna el nombre de ne bis in idem procesal.

Una lectura rápida de norma, quizá por el influjo de la fuerza del ne bis in ídem material, podría hacernos pensar que se trata de una regla que regula casos esporádicos, raros, donde es manifiesto el error del funcionamiento del sistema de justicia penal, que nadie pondría en duda. Otra mirada más atenta podría hacernos ver que se trata de una garantía reconocida por tratados internacionales de derechos humanos, y que presenta muchos puntos de contacto con una de las grandes instituciones del derecho procesal: la cosa juzgada.

Dicha garantía se torna especialmente importante en los casos de tipificaciones penales complejas, como aquellas que protegen ciertos bienes jurídicos de titularidad colectiva, o que son ejemplos de tendencias que elevan a la categoría de figuras autónomas y principales a conductas preparatorias de tipos básicos.  De otro lado, también empieza a tener importancia en la conjunción de diversos órdenes jurisdiccionales con un cierto carácter sancionatorio, como cuando un mismo hecho se castiga con una sanción administrativa y luego se sigue un procedimiento penal. De igual forma, cuando un mismo hecho se sanciona, primeramente, por un tribunal nacional y, luego, por un tribunal internacional. Asimismo, la garantía se torna importante cuando hay unidad de acción (de acuerdo a los criterios de la dogmática penal como en el caso del delito continuado) o cuando existiendo diversos hechos (desde el punto de vista histórico) el derecho considera uno solo desde el punto de vista procesal (ej. Delitos de emprendimientos como los de la Ley 20.000)

En todos estos casos el ne bis in ídem procesal empieza a tener una importancia radical, especialmente, porque se le empieza a configurar como una norma de clausura procesal que, además de seguridad jurídica, permite evitar someter al inculpado a la ansiedad y estrés de verse sometido a una nueva expectativa de condena por hechos que ya fueron juzgados. 

La libertad y dignidad del ser humano re-perseguido encuentra una protección en el entendimiento de la garantía del ne bis in ídem procesal como una proyección del mandato de exhaustividad o completitud que, originalmente vinculante para el juez, se proyecta al Ministerio Público como órgano que ejerce en exclusiva la investigación y el ejercicio de la acción penal pública. El órgano acusador dispondría de una sola vez para acusar a un determinado sujeto por determinados hechos (“one shot”) debiendo desvalorar en toda su extensión el injusto penal al momento de ponderar el ejercicio de la acusación. Es decir, no podría guardarse “hechos” o una parte de ellos ni sus valoraciones.  Lo anterior, no solo justificado en el principio pro libertatis, en la igualdad y dignidad del acusado, sino también en la clara posición asimétrica de la defensa respecto de la posición del Ministerio Público quien, reservándose hechos o valoraciones sobre los mismos, podría acceder a conocer las debilidades de la teoría del caso y jurídica de la defensa, aumentado de ese modo la probabilidad de condena y alterando fácticamente la distribución del error adoptada en el estándar de prueba penal.

El ne bis in ídem procesal es una garantía que constituye un derecho fundamental de carácter procesal y, por tanto, un arma poderosa en defensa de nuestros derechos y libertades como ciudadanos. Lamentablemente se trata de una garantía, por lo menos en el ámbito procesal, con escaso desarrollo en Chile. 

ADR y Nueva Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores

ADR y Nueva Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores

En septiembre pasado se publicó la Ley 21.081 que modifica la ley de Protección de los Derechos de los Consumidores en varios aspectos. Uno de ellos se refiere a los mecanismos colaborativos de solución de controversias de consumo en sede administrativa.

La legislación previa a la reforma contemplaba una instancia de “mediación” a cargo del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) tanto para acciones de interés individual como para acciones de interés colectivo o difuso. En el primer caso se buscaba el entendimiento voluntario entre el consumidor que había hecho un reclamo y el proveedor afectado por éste y, en el segundo, se perseguía el mismo fin luego de la detección de hechos potencialmente constitutivos de infracción a la Ley 19.496 u otras normativas de protección del consumidor.

Las reiteradas críticas que se hicieron al rol que desempeñaba el SERNAC en este ámbito (como fiscalizador y mediador al mismo tiempo) gatilló –entre otras razones- que el legislador propusiera cambios en esta materia. Si bien la nueva normativa regula con mayor precisión las facultades de los intervinientes y los mecanismos colaborativos que se pueden desarrollar, lo cierto es que surgen muchísimas dudas sobre como ellos habrán de funcionar.

Ello ocurre, por ejemplo, en relación con la facultad de mediar que se otorga a las asociaciones de consumidores para las acciones de interés individual. Me parece que esta decisión no fue acertada, pues el cuestionamiento de imparcialidad que antes se hacía al SERNAC, con la nueva ley no hizo más que trasladarse a estas organizaciones civiles. Si la mediación individual realizada por una asociación de consumidores no prospera, ¿podrán más tarde estas entidades representar los intereses del consumidor afectado ante los tribunales de justicia? Y ¿quiénes serán los mediadores y qué estándares de calificación y formación se les exigirán para desempeñar esta función? Es importante señalar que la nueva ley elimina la facultad del SERNAC de realizar “mediaciones individuales”, siendo entonces esta la única vía de llegar acuerdos en forma prejudicial en el caso de las acciones individuales.

Otro flanco que se abre es el nuevo procedimiento voluntario para acciones de interés colectivo o difuso a cargo del SERNAC. Su finalidad es llegar a una solución expedita, completa y transparente entre los consumidores afectados y el proveedor. De la lectura de la ley surgen dudas acerca de la naturaleza de este procedimiento, si se trata de una mediación, de una conciliación o de una negociación entre partes. Ello es relevante, pues permite contar con un marco de referencia básico acerca de las reglas y principios aplicables. Pero también es relevante para delimitar con precisión el rol que el SERNAC tendrá en tanto conductor del procedimiento. Los funcionarios del Servicio que conduzcan estos procedimientos, ¿tendrán facultades para proponer bases de arreglo o solo deben limitarse a facilitar la comunicación entre las partes? O ¿se trata de un proceso de facilitación destinado a desarrollar un programa de acción entre las partes afectadas basado en un enfoque de consenso?

Estas y otras preguntas no hacen sino evidenciar la falta de claridad que el legislador tuvo al momento de regular estos mecanismos colaborativos, así como la ausencia de una visión integral y comprehensiva del sistema de protección de los derechos y solución de conflictos de los consumidores, un área especialmente apropiada para amplificar las soluciones consensuadas.

Este tipo de situaciones hacen prender las alarmas cuando se conoce la decisión del Ejecutivo de incorporar la mediación en sede civil. Hasta ahora solo sabemos de anuncios generales, sin tener mayor conocimiento sobre la regulación de este mecanismo en el Proyecto de Nuevo Código Procesal Civil. Hacemos votos para que legisladores y sus asesores puedan instruirse primero acerca del enfoque, los objetivos y las dinámicas asociadas a los mecanismos colaborativos cuando llegue el momento de apretar un botón y aprobar o no la propuesta legislativa que se avecina.

DERECHO PROCESAL: PATITO FEO, CENICIENTA Y OTROS CUENTOS.

DERECHO PROCESAL: PATITO FEO, CENICIENTA Y OTROS CUENTOS.

Cuando cursaba cuarto o quinto año de derecho, la verdad no lo recuerdo, se abrió una plaza de ayudante para el Departamento de Derecho Procesal. Sí recuerdo con morbo como se declaraba desierto el concurso. No había ganas de postular entre mis compañeros porque nadie recorría los pasillos diciendo “a mí me gusta el Derecho Procesal, eso es lo mío”. Este descrédito o desprecio por nuestra disciplina, sin temor a equivocarme es una cuestión que se replicaba en otras escuelas de derecho del país, y es que la fama de esta rama del derecho de aburrida, monótona, legalista, adjetiva y a ratos somnífera hacía que se le tratara únicamente bajo la premisa del deber: Tengo que aprender Derecho Procesal, aunque no me guste. ¿De dónde provenía (o proviene) esta mala fama? La pregunta más de fondo es ¿ha cambiado esta noción hoy?

                Podemos coincidir usted lector y yo, que el problema radicaba en el contenido de la enseñanza. Se nos enseñaba procedimiento, rito, derecho procedimental: plazo, requisito y efectos. Esto era tanto abrumador como agotador. Alguno por ahí profundizaba (atrevido para su época) y otros esquivaban de tener que enseñar teoría de la acción o teoría del proceso. El resto era básicamente un repaso por los distintos títulos del Código Orgánico y los libros del Código de Procedimiento Civil. Nadie nos habló de postulación procesal, de la potestad cautelar, de las crisis procesales, de la diferencia entre inadmisión y rechazo liminar ni del principio de adquisición procesal.

                Hoy por cierto la cuestión ha dado un vuelco. En un estudio muy interesante como curioso, el profesor Cristián Maturana Miquel, describe cómo ha cambiado la inquietud por la investigación en esta rama del Derecho. Hace veinte años Chile carecía de un núcleo fecundo de investigadores y no había casi doctores del área, de hecho, la mayor cantidad de docentes en las universidades eran abogados de ejercicio y sobre todo era muy bien valorado que un Juez hiciera clases de Derecho Procesal, porque sabía “tramitar”, sabía de “tramitación” y aquello era imprescindible. Hoy, no hay escuela de derecho seria, que no tenga un doctor o doctorando en su departamento de Derecho Procesal.

                 Pues bien, teniendo presente el vuelco aquél y la profesionalización de la academia del Derecho Procesal, el tema de fondo es si los contenidos han cambiado. Sin duda que ha habido un cambio, una mirada diferente y una profundización en el estudio de las instituciones más que en repetir de memoria un plazo, los requisitos de interposición del recurso y el efecto de la reserva de acciones. Hay en nuestro país desarrollo e inquietud por estudios dogmáticos llenos de sustancia y fecundos además en conocimiento cuantificable. Sin duda ha de revisarse el antiguo calificativo de “derecho adjetivo”.

Esto impacta, creo de manera directa sobre la administración de justicia, sobre la litigación y sobre el día a día judicial, no es cuestión que no produzca un efecto directo. Esta nota, es la gran utilidad práctica de la enseñanza teórica dogmática del Derecho Procesal.

 Lamentablemente, esta realidad científica aún está distante del ejercicio profesional.  Aún no hemos (porque me siento parte de este emprendimiento titánico) logrado desde la academia permear a los operadores jurídicos ni al adjudicador, de esta sustancia y riqueza científica. Y tiene que ver con tradición de enseñanza, con nuestro pecado original comentado. Aún vemos fallos que no distinguen entre proceso y procedimiento, se habla en pasillos y por administradores de tribunal del “patrocinio y poder” como una sola institución o se oponen por litigantes excepciones de legitimación pasiva en juicios ordinarios bajo la incombustible excepción del 303 numeral 6 de nuestro alicaído Código de Procedimiento.

                Esto no debe desalentarnos, debemos permanecer (romántica/estoicamente) difundiendo este lenguaje técnico que nos devuelva el estándar científico hasta que logremos abrir la grieta del procedimentalismo aún instaurado en la adultez de la praxis forense.

Sin embargo, este abismo entre la praxis y la academia no es solo responsabilidad de los operadores, también es responsabilidad nuestra y radica en la displicencia por el estudio de temas generales o clásicos, en muchos casos atribuible a la necesidad de generar conocimiento cuantificable eficiente, del que las obras generales están desprovistas. Los invito y desafío a que busquen en vuestras bibliotecas una sola obra nacional que lleve por título “Teoría general del proceso”. Si bien es cierto, hay algunos esfuerzos hoy (sobre todo por profesores ya consagrados) por darle una sistematización a temas generales, se observa con inquietud que la investigación profunda de nuestros nuevos profesores de Derecho Procesal, está en desplazar la pluma por problemas de gran especificidad, innovadores sin duda, traídos desde otras latitudes, incluso desde el mundo anglosajón, pero olvidando que tenemos una deuda de medio centenario por lo menos, con los temas teórico generales que forman el tronco. En otras latitudes, se abordó hasta el agotamiento la teoría del proceso, la jurisdicción, el estatuto de sujetos procesales, el acto jurídico procesal, etc.; pues bien, bienvenidos entonces ahí los estudios que aborden campos no explorados. Ese no es nuestro caso, no es nuestra realidad. Creo que la consciencia sobre esta cuestión genera esfuerzos que redundan en una mejor calidad en la administración de justicia, devuelve profundidad a la actividad procesal y permite sobre todo que los futuros abogados y jueces aún en formación entreguen el día de mañana soluciones óptimas al conflicto jurídicamente relevante. Mientras tanto, seguiremos intentando quitarnos el estigma del patito feo o de la cenicienta de entre las disciplinas jurídicas, hasta que retome el Derecho Procesal el lugar que merece, no solo por el deber de tener que estudiarlo.