UNA ACLARACIÓN CON RELACIÓN A UN PREJUICIO: EL CASO DE LA JUEZA ANDREA ACEVEDO

UNA ACLARACIÓN CON RELACIÓN A UN PREJUICIO: EL CASO DE LA JUEZA ANDREA ACEVEDO

A finales de enero del presente año se produjo uno de los sucesos más lamentables en medio de las protestas callejeras derivadas del estallido social iniciado en Chile en octubre de 2019: la muerte de un hombre de 37 años presuntamente por atropello de un vehículo policial que transitaba por el sector de Plaza Baquedano en Santiago. El 29 de enero el uniformado que conducía el vehículo fue formalizado, en la causa RIT N° O-831-2020, por cuasidelito de homicidio ante el 14° Juzgado de Garantía de Santiago, en audiencia dirigida por la jueza titular Sra. Andrea Acevedo Muñoz. Tras la formalización, se procedió a discutir las medidas cautelares a que quedaría sujeto el imputado, decretándose las alternativas del artículo 155 del Código Procesal Penal, en sus letras c) firma semanal en la 36° Comisaría de La Florida, y d) arraigo nacional. Pese al revuelo mediático y juicio político negativo de esta resolución judicial, lo cierto es que la Tercera Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago la confirmó en lo substancial.       

Hasta aquí el caso judicial no posee mayor interés jurídico, sin embargo esta apreciación cambia cuando tomamos nota de la fundamentación verbal que hace la jueza Acevedo de su decisión y de la polémica que generó esa fundamentación. En efecto, la juzgadora, para contextualizar los hechos objeto de la formalización y del debate sobre las cautelares, señaló que “Estamos en presencia de un hecho que ocurre finalizado un encuentro deportivo con dos equipos que tienen, uno de ellos, por desgracia,una carga histórica que para el deporte no hace ninguna contribución, que es Colo Coloque tiene esta famosa «garra blanca» de por medio, que sus hinchas o así denominados, tienen una actitud no muy acorde a las reglas sociales y al estado de derecho en general”. Continúo la jueza preguntándose “…si un particular cualquiera enfrentado a la misma situación no tendría la misma acción o la misma decisión, de poner en marcha el vehículo y tratar de huir del lugar lo más pronto posible”, añadiendo que “lo que varía es el uniforme, es lo único que varía. Por desgracia ese uniforme atrae sobrerreacciones, como lo son el creer que tienen derecho a agredir por el mero (hecho) de vestir uniforme”. Finalmente, advierte que “habrá que ver otros elementos, además del lugar físicamente donde se encontraba la víctima, porquetambién hay que ver hasta qué punto hay una exposición imprudente al daño, si estaba habilitado para cruzar, y por otro lado el estado etílico, pensemos que él venía saliendo de un partido de fútbol,desconozco las condiciones en las que la propia víctima se encontraba”[1].

De inmediato se alzaron las voces desaprobando los dichos de la jueza Acevedo, comenzando por la Asociación de Magistrados cuya Presidenta señaló que “la independencia necesaria para el digno desempeño del trabajo de jueces y juezas representa un valor democrático que les obliga a ajustar sus resoluciones sólo a las leyes y a los antecedentes de la causa. También impone el deber de fundamentación como herramienta que permite el control a través de recursos”[2]. Por su parte la Corte de Apelaciones de Santiago, al confirmar las cautelares decretadas, señala expresamente en su resolución que “Se hace presente que esta Corte no comparte las expresiones de carácter personal y juicios de valor invocados por la jueza a quo como parte de los fundamentos de la resolución recurrida”[3].  

            Por nuestra parte creemos que la fundamentación de la resolución en comento no es un asunto que tenga relación con la “independencia judicial” sino con otra si acaso más relevante garantía orgánica, cual es la imparcialidad del juzgador.

        En 1982 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolviendo un asunto contra el Reino de Bélgica[4], señaló que la imparcialidad se definía ordinariamente por la ausencia de prejuicios o parcialidades, pero añadió que su existencia podía ser apreciada de diversas maneras, dando paso a una doctrina jurisprudencial constante que distingue entre la imparcialidad objetiva y la subjetiva. Esta última “trata de averiguar la convicción personal de un juez determinado en un caso concreto”, mientras que la primera, la imparcialidad objetiva, se refiere a si el Tribunal “ofrece las garantías suficientes para excluir cualquier duda razonable al respecto”[5] y atiende exclusivamente “a la relación del juzgador con el objeto del proceso”,  persiguiendo que los jueces que intervienen en la resolución de una causa “lo hagan sin prevenciones ni prejuicios en su ánimo derivados de una relación o contacto previos con el objeto del proceso”[6]. Desde luego que la imparcialidad objetiva es ampliamente regulada por el Derecho en todos los sistemas procesales y el chileno no es la excepción, a pesar que esta garantía orgánica, tan esencial para la configuración del proceso y la jurisdicción, no encuentra consagración legal expresa en la Constitución, pero sí la tiene en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (141) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 8.1), aplicables en Chile en virtud del artículo 5 inciso 2° de la Constitución y en el artículo 1 del Código Procesal Penal.

            Pero, volviendo a la imparcialidad subjetiva, lo cierto es que no se puede impedir ni mucho menos regular por el Derecho que un Juez sostenga en su fuero interno las más diversas ideas, convicciones u opiniones sobre distintos aspectos de la vida que pudieran influir en sus decisiones jurisdiccionales, ya se trate aquéllas de nobles convicciones del juez cuanto de meros prejuicios que como personas ordinarias pueden albergar. Lo importante es que esas “convicciones personales del juez” no influyan ni se manifiesten en la parte resolutiva de sus fallos y la única forma en que el Derecho puede evitar tal influencia es regulando instrumentos legales de control de la fundamentación de las resoluciones judiciales. De esta manera, si una resolución judicial se viera impregnada en sus fundamentos de meros prejuicios, los instrumentos de control de esa fundamentación deben permitir la revisión tanto de la falta de racionalidad cuanto de la ausencia de argumentos legales que la sostengan.

            Eso fue lo que rectificó por la vía de un simple recurso de apelación la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones, la falta de imparcialidad subjetiva de la resolución de la Jueza Acevedo, confirmando el fallo, pero argumentando legalmente la decisión, con base en el ordenamiento jurídico procesal penal, único argumento que permitía adoptar la decisión sobre las cautelares en esta causa.

            No se trató entonces este caso de un problema de falta de independencia judicial, sino derechamente de existencia de parcialidad subjetiva en la resolución, lo que en definitiva, se tradujo en la falta de fundamentación racional y legal del fallo, requisito esencial de las resoluciones judiciales que se pronuncian sobre la restricción de derechos fundamentales en nuestro sistema procesal penal (arts. 36 y 122 inciso 2° Código Procesal Penal). 

            La jueza Acevedo como cualquier otro Juez y como cualquier persona puede sostener en su fuero interno las ideas que desee, ni al Derecho ni a los justiciables nos debe interesar lo que los jueces puedan creer o pensar internamente en tanto esas ideas o convicciones preconcebidas no influyan ni se expresen en sus fallos. Tal como señala Couture, los particulares no tienen un derecho adquirido a la sabiduría del juez pero si a su idoneidad, la que dependerá de su imparcialidad además de su independencia, autoridad y responsabilidad[7].


[1] Audiencia judicial,  https://www.youtube.com/watch?v=ak2EQc7jWCg

[2] https://www.magistrados.cl/presidenta-de-la-asociacion-de-magistrados-no-es-admisible-que-el-juzgador-acuda-a-prejuicios-para-resolver/

[3] Corte de Apelaciones de Santiago, 6 de febrero 2020, Tercera Sala, Rit N° 702-2020.

[4] Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 1 octubre 1982, asunto Piersack contra Reino de Bélgica.

[5] Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 1 octubre 1982, asunto Piersack contra Reino de Bélgica, Fundamento 30. En igual sentido, 26 octubre 1984, asunto De Cubber contra Reino de Bélgica y 15 de octubre de 2009, asunto Micallef contra Malta.

[6] Sentencia del Tribunal Constitucional Español 47/1998, 2 marzo, Segunda Sala, FJ. 4º https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/3549

[7] COUTURE, Eduardo (1978): Fundamentos de Derecho Procesal Civil (Buenos Aires, Depalma), pp. 42 y 43.

Los nefastos efectos del COVID-19 en la lucha para combatir la violencia contra las mujeres por razón de género

Los nefastos efectos del COVID-19 en la lucha para combatir la violencia contra las mujeres por razón de género

Muchos han sido los esfuerzos que se han llevado a cabo tanto en el ámbito internacional como en los distintos Estados para paliar la violencia contra las mujeres por razón de género. En el ámbito internacional se pueden destacar, entre otros, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 1993, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995, el Convenio de Estambul aprobado por el Consejo de Europa en 2011, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas o la Recomendación General 35 (2017) del Comité CEDAW sobre violencia contra las mujeres por razones de género. Sin embargo, todos estos impulsos se ven frenados o paralizados en estos momentos por la crisis sanitaria del COVID- 19 y la necesidad de decretar el confinamiento para poder vencer a la pandemia.

Son diversos los tipos de violencia que pueden sufrir las mujeres en general por razón de género, pero en estos momentos el foco o el mayor riesgo se encuentra en los ámbitos de las relaciones de pareja, las familias y en los supuestos en que se convive con el agresor sin que exista una vinculación sentimental o familiar. En efecto, las mujeres más vulnerables durante esta pandemia son las que viven con su maltratador, ya sea porque este es la persona con la que tienen un vínculo matrimonial o de análoga afectividad o, porque se trate de mujeres o niñas que sufren esta violencia por parte de sus padres u otro miembro de la familia, o incluso, puede darse el caso de mujeres que por las circunstancias se han visto obligadas a convivir con hombres con los que no tienen una relación sentimental o familiar (compañeros de departamento). Pues no es de extrañar que debido a la rapidez con la que los Gobiernos decretaron las medidas de confinamiento muchas mujeres se vieran obligadas a quedarse en la región donde desempeñan su trabajo o realizan sus estudios sin poder regresar con sus familias o a sus hogares.

El pasado 5 de abril el Secretario General de las Naciones Unidas instó a los Estados a que adoptasen medidas para hacer frente al desolador incremento de los actos de violencia de género contra mujeres y niñas acaecido durante las últimas semanas como consecuencia de los confinamientos decretados por los Gobiernos durante la pandemia del COVID-19. Pues no se puede obviar que la tensión y el estrés que puede generar en los agresores la pandemia, las presiones económicas y el confinamiento en muchas ocasiones se deriva en el incremento de ataques y vejaciones a las víctimas, a esta ardua situación hay que sumar que el confinamiento facilita que el agresor pueda tener un mayor control y dominio sobre la víctima, lo que dificulta que esta pueda acceder a los servicios de protección, asistencia y apoyo.

En España dentro del Plan de contingencia contra la violencia de género impulsado por el Gobierno ante la crisis del COVID-19 se han previsto, entre otras medidas; que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se mantengan en funcionamiento durante el Estado de alarma, asegurando, en todo caso, la emisión de órdenes de protección y de cualquier medida cautelar en materia de violencia contra la mujer y los menores; el establecimiento de servicios de información y asesoramiento jurídico telefónico y en línea 24 horas, así como servicios de teleasistencia y asistencia social integral; servicios de acogida a víctimas de violencia de género, explotación sexual y trata con fines de explotación sexual; la instalación y mantenimiento de equipos de dispositivos telemáticos para el cumplimiento de medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación;  un recurso de emergencia para las mujeres en situación de violencia de género a través de un mensaje de alerta por mensajería instantánea con geolocalización que recibirán las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; y un Chat-sistema de mensajería instantánea de contención y asistencia psicológica en situación de permanencia en domicilios que gestiona la Administración Central.

Es probable que en muchas ocasiones estas medidas no sean suficiente para terminar con los actos de violencia que sufren muchas mujeres durante la pandemia, ya que en numerosos supuestos estas no van a poder acceder a los servicios de protección y apoyo debido al control que sus agresores ejercen sobre ellas, en este punto resulta de vital importancia la colaboración vecinal, por ejemplo, para llamar a las autoridades policiales. Por otro lado, no se puede dejar de mencionar que estas medidas se centran exclusivamente en ciertas mujeres víctimas de violencia (en concreto, las de violencia de género, de explotación sexual y de trata con fines de explotación sexual). En España la definición de violencia de género es muy restringida solo son víctimas de esta violencia a efectos de la ley las mujeres que sufren violencia (física, psicológica o sexual) si están vinculadas a su agresor por una relación matrimonial o de análoga afectividad (aún vigente o finalizada), pero no incluye a otras mujeres que sufren actos de violencia por parte de hombres que no son su pareja (como las amenazas por parte de hombres con los que no se tiene una vinculación afectiva). Por ello, cabe cuestionarse qué ocurre durante esta pandemia con todas aquellas mujeres que sufren violencia (no consistente en actos de explotación sexual ni trata con fines sexuales) por parte de un hombre con el que no tienen una relación sentimental ni familiar, pero con el que se ven obligadas a convivir por otras razones durante esta crisis. En conclusión, se puede decir que la pandemia del COVID-19 es nefasta para erradicar la violencia contra las mujeres, ya que está imposibilitando o dificultando que muchas víctimas de violencia de género accedan a los servicios de protección, asistencia y apoyo debido al incremento de dominio y control que los agresores pueden ejercer sobre ellas en este momento. Y, además, contribuye a agravar la situación de muchas mujeres que sufren actos de violencia (física, sexual o psicológica) y no están contempladas en el concepto de violencia de género y en los otros supuestos que prevén las medidas españolas. Si bien es cierto que las mujeres que sufren violencia por parte de hombres que no son sus parejas o sus familiares son menos que las que sufren violencia por parte de sus maridos o de una persona con la que mantienen una relación de análoga afectividad, ello no implica que haya que dejar desprotegidas a las primeras.

SER PUENTES

SER PUENTES

Fuera de algunos círculos académicos, prácticamente nadie anticipó lo que ocurrió a partir del 18 de octubre pasado. Sólo después de que el fenómeno de agitación social estalló y se intensificó con inusitada fuerza, comenzaron a aparecer discursos, artículos y conferencias del pasado, en que algunos sociólogos, historiadores y antropólogos, vistos en su momento como exagerados, pesimistas e, incluso, demagogos trasnochados, presagiaban cómo las condiciones en que se desenvolvía la vida nacional iban, más temprano que tarde, a generar una auténtica tormenta social, de la que aún nuestra sociedad no logra recuperarse.

¿Qué tiene que ver el párrafo anterior con el derecho procesal? Desde luego, directamente, nada. Sin embargo, si hacemos un ejercicio de abstracción, llegamos a que, lo que hubo entre las ciencias sociales y la praxis, fue un divorcio. Las advertencias de los entendidos no fueron sembradas en tierra fértil, de modo que, una vez caídas en tierra, fueron ahogadas por un ambiente hostil.

Posiblemente compartiendo las dificultades antes señaladas, el derecho procesal es, quizás, una de las ramas de la ciencia jurídica que más distancia presenta entre sus dimensiones teórica y práctica. En este sentido, hasta hace pocos años la cita a fuentes doctrinales de derecho procesal en la jurisprudencia se agotaba en un par de manuales clásicos y, hoy en día, si bien ello ha cambiado, seguimos estando frente a una zona en la que prima el procedimentalismo y la simplificación de los razonamientos relativos al derecho procesal.

Sin embargo, esta disociación no sólo se proyecta en la aplicación de las normas positivas de derecho adjetivo, sino que, incluso, trascienden al diseño mismo de las reformas en esta materia. Un claro ejemplo apareció recientemente en un artículo publicado en La Tercera, titulado “Trámites sin abogado y juicios acotados: los cambios a la nueva justicia civil”[1]. En ella, el ministro de justicia, Hernán Larraín, sostiene que: “…la Reforma Procesal Civil introduce un procedimiento que, dadas sus características, es simple, breve y desformalizado, y permite que las partes concurran, sin necesidad de abogado, a exponer sus conflictos al juez, para que este pueda resolverlos en una sola audiencia”.

Esta forma de concebir el acceso a la justicia, que suena bien cuando se lee sobre un papel, ya ha demostrado sus escasas bondades en la historia reciente. En efecto, al promulgarse la Ley de Tribunales de Familia, una de sus novedades más destacadas por el Ejecutivo fue la supresión de la obligatoriedad de la comparecencia a través de un letrado, permitiéndole a las partes, precisamente, acudir al tribunal a exponer su caso en forma directa. Por supuesto, ello generó un rápido colapso del sistema, diluyendo las promesas de un proceso mejor y más eficiente. Los jueces terminaron convirtiéndose en asesores de las partes, el desorden en la conducción del proceso fue absoluto e, incluso, las inequidades entre las partes se intensificaron, cuando una de ellas sí contaba con asesoría profesional. Este fenómeno, corregido parcialmente mediante una reforma el año 2008, no impidió que, en diversas materias, siga existiendo la figura del acceso directo de las partes al tribunal, lo que, por cierto, continúa generando graves problemas para la correcta administración de justicia[2].

Así las cosas, resulta desalentador ver que, incluso desde la perspectiva del Ejecutivo, un proceso de mejor calidad para sus destinatarios pasa por suprimir su derecho a una asesoría letrada. Sin perjuicio de que, efectivamente, existen diversos procedimientos que, por vía de la automatización, pueden ser desarrollados sin la necesaria intervención de un abogado; pensar en ello como una fórmula de aplicación general supone concebir el acceso a la justicia como un derecho fundamental sin dimensión prestacional; lo que ya ha demostrado, en el pasado reciente, no ser efectivo. Ello resulta impropio en la lógica de un estado social, en que sería deseable, por ejemplo, que el Estado invirtiera más decididamente en expandir las opciones de que los ciudadanos cuenten con reales alternativas de asesoría letrada. Esta última idea se ve fortalecida si pensamos en el conflicto civil como uno en que, hoy en día, se discuten temas que desbordan el paradigma clásico del derecho civil, involucrando materias vinculadas con relevantes derechos fundamentales, como ocurre, por ejemplo, con la igualdad ante la ley en el procedimiento señalado en la llamada “Ley Zamudio”.

En este contexto de divorcio teórico-práctico, nuestra Red busca ser un puente, una entidad inclusiva que agrupe a jueces, abogados, estudiantes e interesados en el desarrollo de una ciencia procesal que no genere conocimiento destinado a circular únicamente entre sus autores, sino que se traduzca en una mejora de nuestros estándares de justicia, tanto en clave de lege ferenda como de lege lata. Generar catalizadores de este tipo es imprescindible para no caer en errores del pasado, optimizar nuestras instituciones procesales y pensar en la avalancha de cambios que se avecinan en dicha área. Muchos de esos cambios, por ejemplo, fueron tratados en nuestro primer foro, realizado el año 2019. Con orgullo, vemos que dicha instancia fue una de las primeras -cuando no la primera- en abordar la justicia electrónica en Chile.

En este año, esperamos seguir aglutinando a personas genuinamente interesadas en cultivar y difundir el derecho procesal en Chile, por lo que los invito a sumarse y participar de nuestra agrupación.

Seamos puentes.


[1] Disponible en https://www.latercera.com/nacional/noticia/tramites-sin-abogado-juicios-acotados-los-cambios-la-nueva-justicia-civil/971291/.

[2] Un acabado estudio de campo sobre el particular puede verse en Fuentes Maureira, Claudio, Los dilemas del juez de familia, en Rev. chilena de Derecho nº 42, vol. 3, 2015., disponible en https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372015000300008.

La sentencia de muerte de la legitimación procesal: la hora de indultar

La sentencia de muerte de la legitimación procesal: la hora de indultar

De sólo revisar la literatura y jurisprudencia chilena sobre capacidad y legitimación es posible evidenciar la confusión que existe entre nosotros (tanto en la praxis como en la comunidad académica) en torno a los conceptos de capacidad, legitimación (que a su vez dispone de varias versiones: activa, pasiva, ad causam y ad processum) e interés. La pregunta es ¿se trata realmente de temas pasados de moda, anquilosados en viejas discusiones teóricas o tiene aún recogida en la realidad jurisdiccional y forense? La verdad es que, si bien se trata de un tópico abordado en el derecho comparado, en la praxis nacional, aún la discusión no ha cesado y pretender olvidarlo es ignorar la actuación dinámica de estos conceptos en el día a día judicial. La capacidad procesal hoy parece estar desprovista de contenido y fusionada con el concepto de legitimación ad processum o legitimación procesal, sin que se distinga la diversidad de elementos o al menos la razón de esta fusión o escisión de conceptos.

En cuanto a la legitimación causal o simplemente legitimación[1], el tema es aún más radical. Un importante sector de la doctrina, inspirada en una abstracta concepción de la tutela jurisdiccional, proclama la erradicación del instituto de legitimación de nuestra disciplina, proponiendo derechamente abandonar su estudio[2]. En términos muy simples, ha sido sentenciada a muerte.

La razón es bastante elocuente y convincente: siendo la legitimación, en resumidas cuentas lo que permite determinar en un proceso concreto quien tiene la calidad de justa parte, quien es realmente el titular del derecho reclamado, quien detenta la calidad real de parte en la relación material, etc.,  la verdad es que aquello suena bastante parecido al derecho material tutelado y por ende, tiene sentido que la cataloguemos como una cuestión de fondo, o de mérito y en definitiva su estudio corresponde a la rama del derecho sobre que versa el juicio y no a la nuestra. Hasta aquí, fantástico, aplausos, vamos al café y no hay mucho mas que discutir.

La jurisprudencia mayoritaria de nuestros tribunales, en procesos declarativos ordinarios, ha ido abandonando también (coherente con esta sentencia de muerte) la idea de que este tipo de excepciones no pueden plantearse liminarmente o al inicio del juicio – es decir como excepciones estrictamente procesales, o dilatorias y creó otro argumento para decir que el instituto no reviste naturaleza procesal.

Creo sin embargo que la explicación funciona perfectamente cuando hablamos de tutelas jurisdiccionales declarativas o cognoscitivas típicas, ordinarias o hablando en lenguaje forense “de lato conocimiento”.  Pero, la pregunta que incomoda es ¿qué pasa en el caso de las tutelas atípicas o diferenciadas? Por ejemplo, pensemos en la tutela cautelar, en las tutelas de cognición sumarial como la acción de protección, en la tutela ejecutiva, en la de urgencia, en los procedimientos monitorios, etc., por traer a la mesa solo algunos ejemplos.  La verdad es que basta hacer un somero repaso sobre la regulación legal de este tipo de configuraciones sobre todo en los procedimientos especiales, y el control liminar de la legitimación asoma como pidiendo nuestra indulgencia frente a esta fatal sentencia a la que entre todos la hemos condenado.

Les propongo el siguiente ejercicio, en pro de indultar a la legitimación. ¿Qué significa que tengamos que acompañar comprobantes que constituyan presunción grave del derecho que se reclama como se lee de nuestro Art. 298 del Código de Procedimiento Civil? O cuando el Art. 444 del Código del Trabajo prescribe que hay que acreditar razonablemente el fundamento y la necesidad del derecho que se reclama (no piense en la redacción de esta norma procesal no redactada por procesalistas, enfóquese en el ejercicio propuesto). O fuera de este ejemplo, cuando estamos solicitando que se acceda provisionalmente a la demanda en el procedimiento monitorio laboral, el Art. 500 del mismo código, impone entre otros requisitos, que se dé cuenta de la existencia de pagos efectuados por el demandado previo al juicio, por ejemplo. No quiero aburrir al lector, pero piense en los requisitos de procedencia de la petición de alimentos provisorios al inicio del juicio de familia, o en la necesidad de acreditar ab initio que usted es acreedor insatisfecho con su título ejecutivo en mano sino no habrá mandamiento de ejecución o embargo (o no debiese), a propósito de las tutelas ejecutivas.

En el fondo, lo que quiero plantear es que tradicionalmente medimos algunas instituciones siempre por la regla común, y tengo la impresión que hemos sido un tanto injustos con el control procesal de la legitimación. Podemos discutirlo, por cierto, pero en mi opinión, estas manifestaciones que utiliza tanto el legislador, como el juez, (e indefectiblemente las partes) para diseñar y aplicar modelos no tradicionales o atípicos de tutela jurisdiccional esconden en su última causa una razón: para provocar el efecto deseado de estas tutelas diferenciadas necesitamos que la parte convenza al juzgador de que está al menos aparentemente en una posición legitimante.

Me refiero precisamente aquellos diseños procesales en que sin mucha discusión tendremos injerencia en el patrimonio o la libertad del otro. De alguna manera, sin querer, el control judicial motivado de legitimación liminar torna justo y razonable (en términos constitucionales – 19 Nº 3 de por medio) aquello que si lo contamos en abstracto suena muy complejo de digerir a la luz de nuestra concepción un tanto exacerbada y absoluta del debido proceso, tan unificado con el contradictorio o bilateralidad de la audiencia.

La propuesta es simplemente a que le demos una vuelta. A que, siendo parte de la construcción del modelo de juez para determinados procesos y para equilibrar o balancear la premura de algunos diseños jurisdiccionales frente al respeto de los derechos fundamentales dentro del juicio, parece bastante mezquino decir que no es objeto cognoscible para la ciencia procesal. Al final del día, una reflexión en tal sentido no nos puede llevar a otra conclusión: el indulto por la sentencia apresurada de muerte que le dimos a nuestra vieja y querida legitimación.


[1] DELGADO CASTRO, Jordi y CONTRERAS ROJAS, Cristian (2018): “Régimen de las partes y terceros en el proceso”, en: Proceso civil, normas comunes a todo procedimiento e incidentes, (Santiago, Thomson Reuters), pp. 120-123.

[2] NIEVA FENOLL, Jordi (2015) Derecho Procesal II, Marcial Pons, Buenos Aires, pp. 43-97.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA UNA JUSTICIA MÁS HUMANA

INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA UNA JUSTICIA MÁS HUMANA

Los avances en Inteligencia Artificial (IA) están causando asombro en todo el mundo. Desde vehículos autónomos, diagnóstico de enfermedades e imitar el estilo de pintores. Estos avances en IA también generan preocupación. No sólo surgen dudas éticas sobre aplicar IA en situaciones especialmente sensibles. Sino que, además, mucha gente está preocupada por perder sus trabajos debido a la automatización. En esta columna explicaré, por una parte, que los avances en IA son bastante más modestos de lo que parecen. Y, por la otra, que el escenario preocupante de la automatización es, por el contrario, auspicioso.

En esta tendencia el Derecho no es excepción. Además de la capacidad de argumentación de IBM Watson, los predictores de decisiones judiciales están teniendo un especial revuelo. En 2014, por ejemplo, Katz, Bommarito & Blackman lograron —con una combinación de conocimiento experto y machine learning— predecir correctamente las decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos en un 70%. En 2016, Aletras, Tsarapatsanis, Preotiuc, Pietro & Lamos — ahora sólo con machine learning — lograron predecir las decisiones de la Corte Europea de Derechos Humanos en un 79%. Prediciendo las decisiones de las Cortes de Apelaciones de Brazil, este año Lage-Freitas, Allende-Cid, Santana & Oliveira-Lage también lograron un 79%. Y en 2017, Sulea, Zampieri, Vela y Van Genabith lograron predecir correctamente las decisiones de la Corte Suprema francesa (Cour de cassation) en un 96% (!).

A simple vista, un 96% de predicción correcta resulta impactante. Apresuradamente, algunos podrían pensar que si una máquina es capaz de predecir un 96% de sus decisiones, quizás el Estado francés podría considerar reemplazar a los más de 200 de jueces de la Cour de cassation por dicha máquina. Así, se creería, el Estado francés podría ahorrar anualmente los cerca de tres millones de euros que gasta en salario de esos jueces a cambio de una máquina que, en el 96% de los casos, diría lo mismo.

Pero, en realidad, estos predictores no están tan avanzados.

Estas aplicaciones no predicen la decisión del tribunal a partir de los escritos de las partes o la prueba rendida en juicio. Estas aplicaciones de machine learning lo que realmente hacen es predecir (binariamenteel “acoge” o “rechaza”) a partir del texto contenido en la misma sentencia. Dicho en términos procesales, a partir de la parte expositiva y considerativa del fallo, el machine learning predice la parte resolutiva. Así visto, las altas tasas de predicción que tienen estas aplicaciones simplemente confirman algo que siempre supimos: que basta con leer los primeros párrafos de una sentencia para anticipar en qué dirección (favorable o desfavorable) concluirá.

Los avances que se han logrado en IA son ciertamente importantes. Pero esos resultados llamativos se logran, en realidad, en contextos de laboratorio: ahí donde las variables están claramente definidas, los datos son suficientemente abundantes, limpios y la tarea es perfectamente repetitiva. Pero el mundo real — incluida la práctica del Derecho — no es de laboratorio, es compleja. Las tecnologías de IA que tenemos hoy no están suficientemente desarrolladas como para ser aplicables en esa complejidad. De tanto en tanto, sin embargo, en el mundo real también se dan situaciones específicas que se asemejan al contexto de laboratorio. Es sólo ahí, en esos contextos acotados, donde la IA podría ser aplicada satisfactoriamente.

En la administración de justicia lo que podría ser automatizado con IA son sólo tareas precisas, particularmente repetitivas y simples. Por ejemplo, identificación de nombres, frases y números; una clasificación muy general de un documento en alguna categoría — i.e., familia, laboral o civil — según el tipo de palabras que contiene; facilitar la búsqueda de legislación y jurisprudencia pertinente a un caso, entre otros. Como podemos ver, entonces, lo que se podría automatizar son ciertas partes del trabajo “de escritorio”. En fin, el verdadero impacto de la IA en la administración de justicia sería ahorrar tiempo de jueces y funcionarios en dichas tareas de escritorio. Y al necesitar gastar menos tiempo en sus escritorios, jueces y funcionarios van a tener más tiempo para atender cara-a-cara a los usuarios del sistema de justicia. Es en ese sentido que la IA no hará la administración de justicia más artificial. Todo lo contrario, la hará más humana porque las máquinas se encargarán del papeleo.

Repensando la independencia judicial desde el acceso a los datos

Repensando la independencia judicial desde el acceso a los datos

La ciencia de datos está revolucionando el acercamiento que la sociedad tiene ante ciertas instituciones y comportamientos. El acceso y procesamiento de información con nuevas herramientas nos ha permitido entender la realidad de forma distinta. Uno de los grandes beneficios de la ciencia de datos ha sido poder ver los efectos de los actos de instituciones de poder desde una perspectiva agregada.

Históricamente, hemos observado a las instituciones desde casos y comportamientos particulares; en el caso del Derecho, se analiza tal o cual sentencia, se revisan los argumentos en un determinado caso y, en ocasiones, la mirada abarca la evolución de una institución jurídica en el tiempo. De esta forma, el material con que el jurista ha creado conocimiento ha tendido a ser un botón de muestra del cual se desprenden generalidades. Salvo contadas excepciones, desde lo particular se extrae información a la que le atribuimos efectos generales: el Derecho ha sido la ciencia del análisis de un caso y situaciones particulares.  

Sin embargo, hoy es posible ver de forma agregada los comportamientos institucionales. Con técnicas de análisis de datos podemos ver qué es lo que pasa con una perspectiva general; podemos observar tendencias, evoluciones, casos anómalos y su posible justificación. Por ejemplo, ya es viable detectar grupos de situaciones que se repiten en determinados grupos de jueces o comportamientos que se reiteran en ciertas zonas geográficas, pero que en otras no.

Bajando más aún el ejemplo, somos capaces de identificar casos en los que jueces de algún grupo etario tienden a fallar de cierta manera y grupos de jueces que, viviendo en zonas similares, tienen tendencias con inclinaciones injustificadas —sesgos— hacia ciertos grupos de la población.

Ya se ha mencionado el término “agregado” y para entender el concepto es necesario graficar la diferencia entre información individual e información agregada. Pensemos en el caso de un cliente que se acerca su abogado y le consulta cómo han respondido los tribunales ante cierto problema. El abogado puede hacer referencia a una o más sentencias que conozca y sobre la base de esa información, responde la pregunta que se le formuló. El conocimiento de este abogado puede ser una perfecta representación de la realidad, pues la Corte constantemente falla en determinada dirección, pero también puede tratarse de un caso de excepción, pues ese caso que el abogado conoce representa un porcentaje pequeño de veces en que la Corte falló en tal sentido.

El problema con este ejemplo es que sin información agregada los abogados, investigadores y la sociedad en general no está capacitada para conocer qué porcentaje de los casos siguen tal o cual tendencia. Sólo tenemos conocimiento de aquello que hemos experimentado, nos han contado, hemos leído, o bien a la que hemos accedido porque alguien preparó un estudio sobre alguna evolución jurisprudencial, esto es, a la experiencia añadimos la confianza que depositamos en información de terceros.

¿Por qué esta introducción acerca de herramientas de análisis de comportamientos institucionales? Porque hoy nos es permitido redefinir alcances y límites de elementos específicos dentro de un ámbito más general: podemos incluso aplicarlo a la independencia judicial.

Así es como desde la óptica de las instituciones de poder y la información agregada, podríamos aplicar un lente bifocal en esta materia. En primer lugar, nos encontramos con la clásica impermeabilidad que el Poder Judicial debe mantener frente a incentivos o intereses particulares externos, junto a la transparencia del actuar institucional que le permite ser evaluado desde afuera.

Este punto parece no ser alterado con el análisis de datos agregados ya explicado, salvo para entender actuaciones anómalas en un contexto de tendencias: si hoy se dicta una sentencia fuera de la normalidad, utilizando análisis agregado podría ser más fácil identificarla, ponerla en un contexto y solicitar de la autoridad una justificación.

En segundo lugar, respecto al análisis que se pueda hacer desde fuera, no nos referimos a un escrutinio odioso de crítica a la institucionalidad, sino a (i) un análisis democratizante desde un punto de vista constitucional, que entrega legitimación democrática y (ii) el ejercicio de control social sobre el Poder Judicial, factible de ser ejercido por cualquiera, de modo que constituya un aporte al crecimiento de la institución.

Este Poder del Estado no cuenta con un revisor externo, a diferencia del Legislativo y del Ejecutivo que, entre otros mecanismos, son evaluados socialmente en cada elección.

Es por ello que se hace fundamental el trabajo que abogados —sea por interés personal o en representación de sus clientes—, académicos e investigadores puedan realizar en un rol contralor del actuar de los tribunales. Esta revisión de terceros valida que la institución opere dentro de un Estado de Derecho; lo que se conoce como accountability y respecto de la cual existe innumerable literatura.

Hoy no existe en Chile acceso público a las bases de datos de sentencias del Poder Judicial. Si lo hubiere, podríamos realizar análisis agregado, con todos los beneficios que ello implicaría y que ya describimos. Por más que una institución sea consciente de su necesidad de revisión y tenga equipos internos que constantemente evalúen sus actuaciones, siempre existirán nuevas formas y puntos de vista que aportarán al análisis. En ciencia de datos se dice que una sola base de datos va a tener tantas interpretaciones como analistas revisándolas.

Con miras a la mejora constante de la institución, es imperativo incorporar la visión de diferentes actores, mediante la revisión que distintos grupos pueden desarrollar; lo que se ha denominado Crowdsourcing.

Si bien podría parecer peligroso que cualquiera se sienta habilitado para hacer cuestionamientos institucionales, ese trabajo, al igual que el desarrollado por el periodismo, logrará peso no solo por el contenido del mensaje, sino por la credibilidad que genera quien lo emite.

Insisto: abrir una institución al diálogo la valida socialmente y el trabajo conjunto con actores externos, más allá de ser una oportunidad, es ya una necesidad. Requerimos como país tener acceso a las bases de datos de las sentencias del Poder Judicial, por ellos y por nosotros.