por Oscar Silva Alvarez | Ago 3, 2020 | Editorial |
Escribo esta columna mientras transcurren los últimos días de mi segundo período como presidente de la Red. Nunca pensé en ocupar dicho cargo, pues, pese a participar con entusiasmo desde el inicio, mi derrotero no ha sido el de un investigador a tiempo completo. Mi matrimonio con la litigación y la docencia me ha hecho tener sólo inocentes coqueteos con la actividad investigativa. Sin embargo, junto con sorprenderme por haber sido propuesto, elegido y reelegido para encabezar esta institución, pienso que fue una buena decisión en mi vida.
En estos dos años han pasado muchas cosas, seguramente muchas más de las que imaginé en un comienzo. Primero de forma inorgánica y, luego, sistemáticamente, la Red Chilena de Investigadores en Derecho Procesal se ha ido posicionando en poco tiempo como una institución relevante a nivel nacional para nuestra disciplina. Hemos aglutinado a mentes jóvenes y experimentadas para confluir en un espacio colaborativo, horizontal y sin afanes personalistas; características que, desafortunadamente, muchas veces no están presentes en algunas parcelas del ambiente académico. Es este uno de los motivos por los que la Red Procesal tiene un especial valor para sus miembros.
Cada una de nuestras actividades ha sido inspirada por la genuina intención de ensanchar las puertas de la investigación y difusión del derecho procesal; disciplina que, durante décadas, ha estado marcada por el culto al rito -muchas veces vacío- la producción científica de vuelo rasante y, sobre todo, un marcado divorcio entre la doctrina y la práctica forense. Es por ello que valoramos contar dentro de nuestros asociados con profesores de derecho procesal, abogados y jueces, que aportan distintas visiones y perspectivas, siempre con el objeto de generar vasos comunicantes entre ambos mundos y, en definitiva, fortalecer la relación entre el derecho procesal y lo que, en terminología de Ehrlich, es el “derecho vivo”.
En la misma línea y dentro de los hitos más importantes que ocurrieron en estos dos años, levantamos el sitio web de la red (www.redprocesal.cl), el cual nutrimos no sólo con información relativa a nuestros miembros, sino que con periódicas columnas de opinión sobre temas contingentes relativos al derecho procesal, generosamente provistas por varios de nuestros integrantes. Además, el año 2019 organizamos, con gran éxito, nuestro primer Foro anual, que versó sobre justicia electrónica y que contó con la participación de expositores nacionales y extranjeros. Expresión de este impacto es que las actas de las ponencias del Foro serán publicadas, próximamente, por la prestigiosa editorial Tirant Lo Blanch, cuya apuesta por nosotros ratifica la posición de la Red en el panorama doctrinal nacional.
Este año ha sido complicado, nada nuevo estoy diciendo con ello. Sin embargo, nuestros proyectos siguen en pie y estoy seguro de que se concretarán y seguirán abriendo el camino para todos aquellos que quieran participar y utilizar nuestra plataforma. Ya organizamos en mayo un primer ciclo de charlas sobre el impacto del coronavirus en el derecho procesal, que contó con un gran número de asistentes y que tendrá, próximamente, una segunda versión. También patrocinamos y participamos en un foro sobre el juicio por jurados, gracias a la gentil invitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA). Además, hace pocos días lanzamos la convocatoria para participar en nuestro segundo Foro anual, el que girará en torno a un tema más que contingente: justicia y poder. En fin, como se ve, la contingencia, afortunadamente, no ha debilitado el ímpetu con que la Red Procesal se ha desenvuelto, lo que es motivo de alegría y satisfacción para todos quienes formamos parte de ella.
Hablar de instituciones es hablar de gente de carne y hueso, que abandona un poco su individualidad para poner esa parte de sus vidas en un proyecto común. Detrás de cada charla, columna, publicación y afiche, hay tiempo valiosamente donado por gente con la que he hemos formado un vínculo fraterno y sincero, que seguramente mantendremos en el curso de los años. Por ello, no quiero dejar de reconocer, con la más honesta gratitud, el gran trabajo efectuado por los demás miembros de la directiva -Sophía Romero, Ramón García, Ramón Beltrán y Andrés Peña-, así como por los miembros del comité académico -Macarena Vargas, Enrique Letelier, Jorge Larroucau y Matías Aránguiz-, pues me consta que han desplegado un esfuerzo lleno de entusiasmo, calidad académica y cariño por nuestra institución. Precisamente en gente como ellos radica la esencia de lo que es la Red Procesal.
Por otra parte, felicito a la nueva directiva, que será encabezada por Priscila Machado, en quien tengo depositada grandes esperanzas de consolidación de nuestro proyecto.
Desde ahora, en mi rol de asociado, espero seguir trabajando para que nuestra Red siga en la senda de convertirse en la institución de referencia del derecho procesal en Chile.
Hasta pronto.
por Macarena Vargas | Jul 9, 2020 | Editorial |
Desde la irrupción de Covid-19 en nuestro país se ha venido debatiendo acerca de la viabilidad de realizar procesos de mediación on line, particularmente en el ámbito de la justicia de familia.
Esta discusión surge a raíz de la decisión que muy tempranamente tomó el Ministerio de Justicia de suspender el sistema de mediación familiar que este órgano gubernamental administra, ya que “la inexistencia de medios tecnológicos impide preservar la integridad de los procesos de mediación y sus principios”.[1] A ello se sumó días después la dictación de la Ley 21.226 que establece un régimen de excepción para los procesos judiciales, audiencias y plazos y que habilita la presentación de demandas sin necesidad de acreditar el cumplimiento de la mediación previa obligatoria[2] que la ley exige para ciertos asuntos en materia de familia[3] y para casos de daños en salud.[4]
En el ámbito familiar, la incorporación de la mediación data desde el año 2004. Constituye una etapa previa y obligatoria en algunas materias (alimentos, cuidado personal y relación directa y regular) y facultativa en prácticamente todos los demás asuntos que conocen los tribunales de familia. Desde esta perspectiva, la mediación forma parte integral del proceso judicial, así como lo es la etapa probatoria o la de fallo. Por eso no se entiende que las autoridades, tanto el Ejecutivo y como el Poder Legislativo, hayan optado prácticamente por suprimir una etapa del proceso sin mayor debate.
Ello se contrapone con la flexibilidad que el Poder Judicial ha mostrado permitiendo el desarrollo de varias actuaciones judiciales como audiencias y alegatos ante las cortes de apelaciones y ante la misma Corte Suprema, según dan cuenta las actas y protocolos de funcionamiento y atención de público que se han dictado en los últimos meses.
Se contrapone también con la experiencia nacional de mediación a distancia que en la actualidad se está llevando a cabo en distintos ámbitos. Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Santiago ofrece este servicio a través del programa “1000 Mediaciones On-Line Pro Bono”, con el fin de “evitar, en el corto plazo, una avalancha de juicios entre partes que sólo genere confrontación”.[5] Lo mismo ocurre con las clínicas jurídicas de la Facultad de Derecho de la UDP -donde se están desarrollando procesos en materia civil y de familia- y en los centros de mediación de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana (CAJ RM), los cuales pusieron en marcha un plan de atención remota para ofrecer soluciones colaborativas y de arbitraje en varias materias civiles, tales como partición de bienes, liquidación de sociedad conyugal, conflictos de arriendo, deudas, entre otros.
Pero donde la contradicción es aún más patente es en el ejercicio privado de la mediación familiar. Ello ocurre porque en Chile el sistema de provisión de este servicio es mixto, los mediadores licitados son pagados por el Estado y los privados por las partes. Si bien estos últimos deben estar inscritos en un registro especial que para estos efectos lleva el Ministerio de Justicia y se regula un arancel máximo a percibir[6], no les es aplicable el instructivo, antes señalado. En otras palabras, si las partes tienen recursos económicos para pagar los honorarios de un mediador/a privado hoy en día pueden tener acceso a una mediación vía remota.
Dicho lo anterior, parece que la pregunta ya no es si se puede o no hacer mediación on line, sino bajo qué condiciones y con qué resguardos debieran desarrollarse esos procesos. A partir de los cuestionamientos que han surgido sobre este tema considero que es posible articular algunas propuestas concretas.
En primer lugar, se ha debatido si acaso la mediación a distancia pone en jaque el principio de la confidencialidad, principalmente por el riesgo de que las partes hagan un uso inadecuado de lo conversado durante el proceso. Es importante recordar que la exigencia de la confidencialidad no fue pensada para los participantes, sino para la persona del mediador/a. Su finalidad es evitar que lo expresado en mediación pueda ser utilizado en un eventual juicio, si las partes no llegan a un acuerdo. Con todo, siempre será resorte del juez/a admitir o no la prueba presentada. Si la preocupación atañe al comportamiento de las partes es cierto que las sesiones presenciales pueden asegurar mayores niveles de confidencialidad que un sistema virtual, pero no lo garantizan de modo absoluto. Un adecuado encuadre del mediador/a al inicio del proceso y la firma de un convenio de confidencialidad por las partes, comprometiéndose a guardar reserva de lo conversado, es herramienta a considerar en un entorno virtual.
En segundo lugar, se ha sostenido que la carencia de recursos tecnológicos impide a muchas personas acceder a la mediación vía remota, limitando un acceso igualitario al sistema de justicia. Es cierto que las TICs suponen ciertos recursos materiales como un computador y conexión a internet, además, de ciertas competencias en el manejo de estas tecnologías. Es cierto que ello puede ser complejo especialmente en zonas aisladas o rurales donde hay serios problemas de conectividad y también en el caso de los adultos/as mayores, quienes han estado menos expuestos a la alfabetización digital. Ello se puede resolver disponiendo de recursos técnicos y humanos en oficinas públicas, como por ejemplo el Servicio de Identificación y Registro Civil, las municipalidades o los propios tribunales donde las personas puedan acercarse y contar con apoyo para participar en un proceso de mediación a distancia.
Por último, en tercer lugar, se cuestiona si acaso el mediador/a puede hacer un manejo adecuado del componente emocional que está presente en algunos conflictos, particularmente en los de familia. Este es, sin duda, uno de los temas más complejos. La presencialidad permite de mejor manera detectar y manejar situaciones de escalada del conflicto, de aumento de la ira o de agresividad de una o ambas partes, pero descartar la mediación virtual por este motivo parece desestimar la capacidad perceptiva y el manejo de habilidades comunicacionales que los mediadores/as poseen. El uso de sesiones individuales se ha planteado como una herramienta adecuada para estos casos, las que además permiten generar mayor confianza en el mediador/a y en el proceso, explorar posibles vías de solución del conflicto y mitigar los desequilibrios de poder si ellos aparecen.[7]
En situaciones tan complejas como las que estamos viviendo, en que la pandemia se extiende más de lo presupuestado y no parece haber una fecha cierta de término, resulta necesario y -tal vez urgente- adaptarnos a las circunstancias y aplicar un criterio de flexibilidad para desarrollar proceso de mediación a distancia. La experiencia de estas últimas semanas ha mostrado que en comunas sin cuarentena y, pese a las altas tasas de contagio, las personas siguen concurriendo a los centros de mediación, lo que demuestra la urgente necesidad de resolver los problemas que los aqueja.
[1] Ministerio de Justicia. Pronunciamiento sobre la realización del proceso de mediación a distancia. 25 de marzo de 2020.
[2] Artículo 8 inciso 3. Ley 21.226 que establece un régimen de excepción para los procesos judiciales, en las audiencias y actuaciones judiciales y para los plazos y ejercicio de las acciones que indica por el impacto de la enfermedad Covid-19 en Chile. Diario Oficial, 2 de abril 2020.
[3] Ley 19.968, Crea los Tribunales de Familia. Diario Oficial, 30 de agosto de 2004.
[4] Ley 19.966, Establece el Régimen de Garantías en Salud. Diario Oficial, 3 de septiembre de 2004.
[5] http://www.camsantiago.cl/mediaciones_online.html. [Página visitada el 20 de junio de 2020].
[6] Decreto Exento 2876. Fija arancel máximo que podrán percibir los mediadores inscritos en el registro de mediadores de la Ley 19.968. 30 de diciembre de 2016.
https://www.mediacionchile.cl/media/2017/06/Dex_2876_Fija_Arancel_2017.pdf. [Página visitada el 6 de julio de 2020].
[7] Suáres, Marines. Procesos de mediaciones y técnicas. Capítulos 2 y 3. Buenos Aires, 2018. http://proyectos.javerianacali.edu.co/cursos_virtuales/posgrado/maestria_asesoria_familiar/mediacion/modulo3/unidad2/Suares%20(2018)%20Cap%202%20y%203PMed%20Tec%20nov%2018-ok.pdf
por Bianca Böhme | Jun 17, 2020 | Editorial |
El virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad COVID-19 no discrimina entre países, sistemas jurídicos ni métodos de resolución de controversias. Así como los sistemas judiciales en gran parte del mundo se vieron afectados por la expansión incremental del virus, el arbitraje internacional también ha tenido que adaptarse a la nueva “normalidad”.
Sin embargo, mientras que en muchos sistemas judiciales, diversas gestiones procesales se han estancado como consecuencia de la expansión del virus, el arbitraje internacional se ha visto poco afectado en comparación. La mayoría de las grandes instituciones arbitrales, como la Cámara de Comercio Internacional (CCI) o el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) han adaptado rápidamente su funcionamiento a la crisis sanitaria. En una nota conjunta publicada por las grandes instituciones arbitrales, estas se comprometieron a colaborar entre sí para asegurar que casos pendientes puedan continuar sin atraso indebido[1].
El hecho que la mayoría de los arbitrajes internacionales no se haya tenido que suspender como consecuencia de la pandemia se debe a la gran flexibilidad que caracteriza a este método alternativo de controversias[2]. Sin perjuicio de ciertos límites, las partes en un arbitraje internacional tienen la libertad de adecuar el procedimiento a sus necesidades específicas. Durante la crisis sanitaria actual, esta característica les permite a las partes elegir la sede de arbitraje, los árbitros y las modalidades específicas del procedimiento en conformidad con las restricciones gubernamentales impuestas en la mayoría de los países.
A esto deben sumarse las normas sobre técnicas de case management contenidas en un sinnúmero de reglamentos institucionales de arbitraje que permite a los árbitros ajustar el procedimiento a las circunstancias actuales. A modo ejemplar, el Artículo 24 (3) del Reglamento de Arbitraje de la CCI provee que el tribunal arbitral puede adoptar nuevas medidas procesales o modificar el calendario procesal, después de consultar a las partes. La herramienta procesal de case management le permite al tribunal inter alia resolver la disputa solamente en base a la prueba documental presentada por las partes, realizar la inspección personal del tribunal vía videoconferencia y reflexionar conjuntamente con las partes sobre cuáles son las cuestiones más relevantes en que el arbitraje se debe concentrar[3].
Frente al COVID-19, esta flexibilidad se traducirá, sin duda, en el incremento del uso de las modernas tecnologías en los arbitrajes internacionales y particularmente en la conducción de las audiencias. Este desarrollo no es exclusivo del arbitraje internacional, ya que se puede observar también en un sinnúmero de sistemas judiciales nacionales. Sin embargo, mientras que el uso de las modernas tecnologías es una novedad en muchos tribunales nacionales, es bien aceptado en el arbitraje internacional hace tiempo. Así, la mayoría de las audiencias en CIADI en 2019 se han llevado a cabo por videoconferencia[4].
El arbitraje internacional existe incluso en formatos exclusivamente digitales. Hoy, los mecanismos de ODR (Online Dispute Resolution) existen conjuntamente con los formatos tradicionales de ADR (Alternative Dispute Resolution). En un arbitraje online, cada aspecto del procedimiento se conduce de manera virtual. Todas las audiencias se llevan a cabo mediante videoconferencia y todos los documentos en prueba se presentan virtualmente[5]. A diferencia de la mayoría de las instituciones arbitrales, aquellas que en China se vieron obligadas a cerrar y a suspender los procedimientos en el momento de las medidas de cuarentena más estrictas, poco tiempo después empezaron a ofrecer arbitrajes 100% online[6].
El arbitraje online es una buena alternativa para la resolución de conflictos transfronterizos en tiempos de pandemia. Además, tiene costos más reducidos que el arbitraje tradicional y permite una inmediación casi perfecta por el árbitro, quien tiene acceso permanente a todas las fuentes de prueba. No obstante, existen también ciertas preocupaciones en relación con este nuevo formato, por ejemplo con respecto a la autenticidad y credibilidad de testigos remotos, el respeto del debido proceso y la confidencialidad, así como las fallas tecnológicas. Pero las rondas finales del Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot – la competencia de arbitraje más famosa del mundo – en abril de este año han demostrado que es posible tener arbitrajes completamente virtuales.
Asimismo, existen protocolos desarrollados por ciertas instituciones arbitrales que tienen el propósito de ofrecer una guía para el uso de la tecnología en el arbitraje internacional. Un ejemplo es el Seoul Protocol on Video Conferencing in International Arbitration. El artículo 1 del protocolo se refiere a la autenticidad de testigos remotos, estableciendo que parte del interior de la sala donde se encuentra el testigo se debe ver en la pantalla. Artículo 2.1.c se refiere a la confidencialidad en conexiones transfronterizas y artículo 6 se ocupa de las fallas técnicas.
Es dudoso si el formato online puede reemplazar al arbitraje internacional en su forma tradicional por completo. La absoluta falta de interacciones personales entre los actores del arbitraje y la preferencia de la prueba documental por sobre las pruebas personales podría ser inconveniente para la resolución de algunos conflictos. No obstante, este nuevo formato resulta beneficioso para la realización de arbitrajes internacionales durante la pandemia actual. Se evita todo riesgo de contagio por contacto interpersonal y por contacto con los documentos en papel que se entregan habitualmente en arbitrajes tradicionales.
Igualmente, el arbitraje online constituye un mecanismo eficaz frente al incremento de disputas comerciales transfronterizas como consecuencia de la pandemia. Se espera que habrá numerosas disputas relativas a demoras comerciales, disrupciones en construcciones, manufactura de bienes, provisión de servicios, etc. Probablemente, estas disputas surgirán en un sinnúmero de ámbitos, como el transporte, la biotecnología, la farmacia, la privacidad de datos, etc.[7] Gracias a la flexibilidad del arbitraje, también disputas que surgen a propósito de contratos que no contienen una cláusula arbitral pueden ser sometidas a arbitraje (online) incluso después del surgimiento del conflicto mediante un acuerdo (compromis) entre las partes.
En conclusión, cabe destacar que el arbitraje internacional (online) no es solamente una buena alternativa para la resolución de conflictos (transfronterizos) sino que también puede servir de inspiración para los modelos judiciales en el ámbito nacional. Diversos formalismos inherentes en leyes nacionales impiden a muchos sistemas judiciales nacionales adaptarse a la crisis sanitaria con la misma flexibilidad que el arbitraje internacional. La inclusión de la moderna tecnología conjuntamente con protocolos que regulan su uso adecuado al igual que diversas técnicas de case management son ejemplos concretos de cómo el arbitraje internacional puede inspirar a los sistemas judiciales nacionales, en tiempos de crisis y más allá.
[1] Arbitration and COVID-19, disponible en https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2020/04/covid19-joint-statement.pdf [fecha de último acceso 30 de mayo 2020].
[2] Awad, Álvaro “Métodos Pandémicos de Resolución de Disputas”, disponible en https://estadodiario.com /al-aire/metodos-pandemicos-de-resolucion-de-disputas/ [fecha de último acceso 30 de mayo 2020].
[3] ICC Guidance Note on Possible Measures Aimed at Mitigating the Effects of the COVID-19 Pandemic (9 de Abril 2020), disponible en https://iccwbo.org/publication/icc-guidance-note-on-possible-measures-aimed-at-mitigating-the-effects-of-the-covid-19-pandemic/ [fecha de último acceso 31 mayo 2020], considerando 8.
[4] A Brief Guide to Online Hearings at ICSID (24 de marzo 2020), disponible en https://icsid.worldbank.org /en/Pages/News.aspx?CID=362 [fecha de último acceso 30 de mayo 2020].
[5] Yeoh, Derric “Is Online Dispute Resolution The Future of Alternative Dispute Resolution?”, disponible en http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2018/03/29/online-dispute-resolution-future-alternative-dispute-resolution/?doingwpcron=1590917499.646593093872070312500 0 [fecha de último acceso 31 mayo 2020].
[6] Torres, Manuel; Zhang, Dun “Impacto del COVID-19 en el arbitraje internacional: las instituciones arbitrales chinas se esfuerzan por mantenerse operativas, disponible en https://www.garrigues.com/ es_ES/noticia/impacto-covid-19-arbitraje-internacional-instituciones-arbitrales-chinas-esfuerzan [fecha de último acceso 31 Mayo 2020].
[7] Benton, Gary L. “How Will the Coronavirus Impact International Arbitration?”, disponible en http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2020/03/13/how-will-the-coronavirus-impact international-arbitration/?print=print&doing_wp_cron=1590311079.0214269161224365234375 [fecha de último acceso 31 Mayo 2020].
por Silvana Adaros | May 19, 2020 | Editorial |
A finales de enero del
presente año se produjo uno de los sucesos más lamentables en medio de las
protestas callejeras derivadas del estallido social iniciado en Chile en
octubre de 2019: la muerte de un hombre de 37 años presuntamente por atropello
de un vehículo policial que transitaba por el sector de Plaza Baquedano en
Santiago. El 29 de enero el uniformado que conducía el vehículo fue formalizado,
en la causa RIT N° O-831-2020, por cuasidelito de homicidio ante el 14° Juzgado
de Garantía de Santiago, en audiencia dirigida por la jueza titular Sra. Andrea
Acevedo Muñoz. Tras la formalización, se procedió a discutir las medidas
cautelares a que quedaría sujeto el imputado, decretándose las alternativas del
artículo 155 del Código Procesal Penal, en sus letras c) firma semanal en la
36° Comisaría de La Florida, y d) arraigo nacional. Pese al revuelo mediático y
juicio político negativo de esta resolución judicial, lo cierto es que la Tercera
Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago la confirmó en lo
substancial.
Hasta aquí el caso judicial no
posee mayor interés jurídico, sin embargo esta apreciación cambia cuando
tomamos nota de la fundamentación verbal que hace la jueza Acevedo de su
decisión y de la polémica que generó esa fundamentación. En efecto, la juzgadora,
para contextualizar los hechos objeto de la formalización y del debate sobre
las cautelares, señaló que “Estamos en presencia de un hecho que ocurre
finalizado un encuentro deportivo con dos equipos que tienen, uno de ellos, por
desgracia,una carga histórica que para el deporte no hace
ninguna contribución, que es Colo Colo, que tiene esta famosa «garra blanca» de por medio, que sus hinchas o así denominados, tienen una
actitud no muy acorde a las reglas sociales y al estado de derecho en general”.
Continúo la jueza preguntándose “…si un particular cualquiera enfrentado a la misma
situación no tendría la misma acción o la misma decisión, de
poner en marcha el vehículo y tratar de huir del lugar lo más pronto posible”,
añadiendo que “lo que varía es el uniforme, es lo único que varía. Por
desgracia ese uniforme atrae sobrerreacciones, como lo son el creer que tienen
derecho a agredir por el mero (hecho) de vestir uniforme”. Finalmente, advierte
que “habrá que ver otros elementos, además del lugar
físicamente donde se encontraba la víctima, porquetambién hay que ver hasta qué punto hay una exposición imprudente al daño,
si estaba habilitado para cruzar, y por otro lado el estado etílico, pensemos que él
venía saliendo de un partido de fútbol,desconozco las condiciones en las que la propia víctima se
encontraba”[1].
De inmediato se alzaron las voces desaprobando los dichos de la jueza
Acevedo, comenzando por la Asociación de Magistrados cuya Presidenta señaló que
“la
independencia necesaria para el digno desempeño del trabajo de jueces y juezas
representa un valor democrático que les obliga a ajustar sus resoluciones sólo
a las leyes y a los antecedentes de la causa. También impone el deber de
fundamentación como herramienta que permite el control a través de recursos”[2].
Por su parte la Corte de Apelaciones de Santiago, al confirmar las cautelares
decretadas, señala expresamente en su resolución que “Se hace presente que esta Corte no comparte las expresiones de carácter
personal y juicios de valor invocados por la jueza a quo como parte de los fundamentos de la resolución recurrida”[3].
Por nuestra parte creemos que la
fundamentación de la resolución en comento no es un asunto que tenga relación
con la “independencia judicial” sino con otra si acaso más relevante garantía
orgánica, cual es la imparcialidad del juzgador.
En
1982 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolviendo un asunto contra el
Reino de Bélgica[4], señaló
que la imparcialidad se definía ordinariamente por la
ausencia de prejuicios o parcialidades, pero añadió que su existencia podía ser
apreciada de diversas maneras, dando paso a una doctrina jurisprudencial constante
que distingue entre la imparcialidad objetiva y la subjetiva. Esta última “trata de averiguar la convicción personal de un juez determinado en un
caso concreto”, mientras que la primera, la imparcialidad objetiva, se refiere
a si el Tribunal “ofrece las garantías suficientes para excluir cualquier duda
razonable al respecto”[5] y atiende exclusivamente “a
la relación del juzgador con el objeto del proceso”, persiguiendo que los jueces que intervienen en
la resolución de una causa “lo hagan sin prevenciones ni prejuicios en su ánimo
derivados de una relación o contacto previos con el objeto del proceso”[6].
Desde luego que la imparcialidad objetiva es ampliamente regulada por el
Derecho en todos los sistemas procesales y el chileno no es la excepción, a
pesar que esta garantía orgánica, tan esencial para la configuración del
proceso y la jurisdicción, no encuentra consagración legal expresa en la
Constitución, pero sí la tiene en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (141) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 8.1),
aplicables en Chile en virtud del artículo 5 inciso 2° de la Constitución y en
el artículo 1 del Código Procesal Penal.
Pero,
volviendo a la imparcialidad subjetiva, lo cierto es que no se puede impedir ni
mucho menos regular por el Derecho que un Juez sostenga en su fuero interno las
más diversas ideas, convicciones u opiniones sobre distintos aspectos de la
vida que pudieran influir en sus decisiones jurisdiccionales, ya se trate aquéllas
de nobles convicciones del juez cuanto de meros prejuicios que como personas
ordinarias pueden albergar. Lo importante es que esas “convicciones personales
del juez” no influyan ni se manifiesten en la parte resolutiva de sus fallos y
la única forma en que el Derecho puede evitar tal influencia es regulando
instrumentos legales de control de la fundamentación de las resoluciones
judiciales. De esta manera, si una resolución judicial se viera impregnada en
sus fundamentos de meros prejuicios, los instrumentos de control de esa fundamentación
deben permitir la revisión tanto de la falta de racionalidad cuanto de la
ausencia de argumentos legales que la sostengan.
Eso
fue lo que rectificó por la vía de un simple recurso de apelación la Tercera
Sala de la Corte de Apelaciones, la falta de imparcialidad subjetiva de la
resolución de la Jueza Acevedo, confirmando el fallo, pero argumentando
legalmente la decisión, con base en el ordenamiento jurídico procesal penal,
único argumento que permitía adoptar la decisión sobre las cautelares en esta
causa.
No
se trató entonces este caso de un problema de falta de independencia judicial,
sino derechamente de existencia de parcialidad subjetiva en la resolución, lo
que en definitiva, se tradujo en la falta de fundamentación racional y legal
del fallo, requisito esencial de las resoluciones judiciales que se pronuncian
sobre la restricción de derechos fundamentales en nuestro sistema procesal
penal (arts. 36 y 122 inciso 2° Código Procesal Penal).
La jueza Acevedo como cualquier otro
Juez y como cualquier persona puede sostener en su fuero interno las ideas que desee,
ni al Derecho ni a los justiciables nos debe interesar lo que los jueces puedan
creer o pensar internamente en tanto esas ideas o convicciones preconcebidas no
influyan ni se expresen en sus fallos. Tal como señala Couture, los particulares no tienen un derecho adquirido a la sabiduría
del juez pero si a su idoneidad, la
que dependerá de su imparcialidad además de su independencia, autoridad y
responsabilidad[7].
[1] Audiencia judicial, https://www.youtube.com/watch?v=ak2EQc7jWCg
[2] https://www.magistrados.cl/presidenta-de-la-asociacion-de-magistrados-no-es-admisible-que-el-juzgador-acuda-a-prejuicios-para-resolver/
[3] Corte de Apelaciones de Santiago, 6 de febrero 2020, Tercera Sala, Rit
N° 702-2020.
[4] Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 1 octubre 1982,
asunto Piersack contra Reino de Bélgica.
[5] Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 1 octubre 1982,
asunto Piersack contra Reino de Bélgica, Fundamento 30. En igual sentido, 26
octubre 1984, asunto De Cubber contra Reino de Bélgica y 15 de octubre de 2009, asunto Micallef contra Malta.
[6] Sentencia del Tribunal Constitucional Español 47/1998, 2 marzo, Segunda Sala, FJ.
4º https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/3549
[7] COUTURE, Eduardo (1978): Fundamentos
de Derecho Procesal Civil (Buenos Aires, Depalma), pp. 42 y 43.
por Laura Álvarez Suárez | Abr 29, 2020 | Editorial |
Muchos
han sido los esfuerzos que se han llevado a cabo tanto en el ámbito
internacional como en los distintos Estados para paliar la violencia contra las
mujeres por razón de género. En el ámbito internacional se pueden destacar,
entre otros, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Eliminación de la
Violencia contra la Mujer de 1993, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995, el Convenio de
Estambul aprobado por el Consejo de Europa en 2011, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030 de las Naciones Unidas o la Recomendación General 35 (2017) del
Comité CEDAW sobre violencia contra las mujeres por razones de género. Sin embargo, todos
estos impulsos se ven frenados o paralizados en estos momentos por la crisis
sanitaria del COVID- 19 y la necesidad de decretar el confinamiento para poder
vencer a la pandemia.
Son
diversos los tipos de violencia que pueden sufrir las mujeres en general por
razón de género, pero en estos momentos el foco o el mayor riesgo se encuentra
en los ámbitos de las relaciones de pareja, las familias y en los supuestos en
que se convive con el agresor sin que exista una vinculación sentimental o
familiar. En efecto, las mujeres más vulnerables durante esta pandemia son las
que viven con su maltratador, ya sea porque este es la persona con la que
tienen un vínculo matrimonial o de análoga afectividad o, porque se trate de
mujeres o niñas que sufren esta violencia por parte de sus padres u otro
miembro de la familia, o incluso, puede darse el caso de mujeres que por las
circunstancias se han visto obligadas a convivir con hombres con los que no
tienen una relación sentimental o familiar (compañeros de departamento). Pues
no es de extrañar que debido a la rapidez con la que los Gobiernos decretaron
las medidas de confinamiento muchas mujeres se vieran obligadas a quedarse en
la región donde desempeñan su trabajo o realizan sus estudios sin poder regresar
con sus familias o a sus hogares.
El pasado 5 de abril el Secretario General de las
Naciones Unidas instó a los Estados a que adoptasen medidas para hacer frente al
desolador incremento de los actos de violencia de género contra mujeres y niñas
acaecido durante las últimas semanas como
consecuencia de los confinamientos decretados por los Gobiernos durante la
pandemia del COVID-19. Pues no se puede obviar que la tensión y el estrés que puede
generar en los agresores la pandemia, las presiones económicas y el
confinamiento en muchas ocasiones se deriva en el incremento de ataques y
vejaciones a las víctimas, a esta ardua situación hay que sumar que el confinamiento
facilita que el agresor pueda tener un mayor control y dominio sobre la
víctima, lo que dificulta que esta pueda acceder a los servicios de protección,
asistencia y apoyo.
En
España dentro del Plan de contingencia contra la violencia de género impulsado
por el Gobierno ante la crisis del COVID-19 se han previsto, entre otras
medidas; que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se mantengan en
funcionamiento durante el Estado de alarma, asegurando, en todo caso, la
emisión de órdenes de protección y de cualquier medida cautelar en materia de
violencia contra la mujer y los menores; el establecimiento de servicios de
información y asesoramiento jurídico telefónico y en línea 24 horas, así como
servicios de teleasistencia y asistencia social integral; servicios de acogida
a víctimas de violencia de género, explotación sexual y trata con fines de
explotación sexual; la instalación y mantenimiento de equipos de dispositivos
telemáticos para el cumplimiento de medidas cautelares y penas de prohibición
de aproximación; un recurso de emergencia para las mujeres en situación de
violencia de género a través de un mensaje de alerta por mensajería instantánea
con geolocalización que recibirán las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado; y un Chat-sistema de mensajería instantánea de contención y asistencia
psicológica en situación de permanencia en domicilios que gestiona la
Administración Central.
Es
probable que en muchas ocasiones estas medidas no sean suficiente para terminar
con los actos de violencia que sufren muchas mujeres durante la pandemia, ya
que en numerosos supuestos estas no van a poder acceder a los servicios de
protección y apoyo debido al control que sus agresores ejercen sobre ellas, en
este punto resulta de vital importancia la colaboración vecinal, por ejemplo, para
llamar a las autoridades policiales. Por otro lado, no se puede dejar de
mencionar que estas medidas se centran exclusivamente en ciertas mujeres víctimas
de violencia (en concreto, las de violencia de género, de explotación sexual y
de trata con fines de explotación sexual). En España la definición de violencia
de género es muy restringida solo son víctimas de esta violencia a efectos de
la ley las mujeres que sufren violencia (física, psicológica o sexual) si están
vinculadas a su agresor por una relación matrimonial o de análoga afectividad (aún
vigente o finalizada), pero no incluye a otras mujeres que sufren actos de
violencia por parte de hombres que no son su pareja (como las amenazas por
parte de hombres con los que no se tiene una vinculación afectiva).
Por ello, cabe
cuestionarse qué ocurre durante esta pandemia con todas aquellas mujeres que
sufren violencia (no consistente en actos de explotación sexual ni trata con
fines sexuales) por parte de un hombre con el que no tienen una relación
sentimental ni familiar, pero con el que se ven obligadas a convivir por otras razones
durante esta crisis. En conclusión, se puede decir que la pandemia del COVID-19
es nefasta para erradicar la violencia contra las mujeres, ya que está
imposibilitando o dificultando que muchas víctimas de violencia de género accedan
a los servicios de protección, asistencia y apoyo debido al incremento de
dominio y control que los agresores pueden ejercer sobre ellas en este momento.
Y, además, contribuye a agravar la situación de muchas mujeres que sufren actos
de violencia (física, sexual o psicológica) y no están contempladas en el concepto
de violencia de género y en los otros supuestos que prevén las medidas
españolas. Si bien es cierto que las mujeres que sufren violencia por parte de
hombres que no son sus parejas o sus familiares son menos que las que sufren
violencia por parte de sus maridos o de una persona con la que mantienen una
relación de análoga afectividad, ello no implica que haya que dejar
desprotegidas a las primeras.
por Oscar Silva Alvarez | Ene 20, 2020 | Editorial |
Fuera de algunos círculos académicos,
prácticamente nadie anticipó lo que ocurrió a partir del 18 de octubre pasado. Sólo
después de que el fenómeno de agitación social estalló y se intensificó con
inusitada fuerza, comenzaron a aparecer discursos, artículos y conferencias del
pasado, en que algunos sociólogos, historiadores y antropólogos, vistos en su
momento como exagerados, pesimistas e, incluso, demagogos trasnochados,
presagiaban cómo las condiciones en que se desenvolvía la vida nacional iban,
más temprano que tarde, a generar una auténtica tormenta social, de la que aún
nuestra sociedad no logra recuperarse.
¿Qué tiene que ver el párrafo anterior con el
derecho procesal? Desde luego, directamente, nada. Sin embargo, si hacemos un
ejercicio de abstracción, llegamos a que, lo que hubo entre las ciencias
sociales y la praxis, fue un divorcio. Las advertencias de los entendidos no
fueron sembradas en tierra fértil, de modo que, una vez caídas en tierra, fueron
ahogadas por un ambiente hostil.
Posiblemente compartiendo las dificultades antes
señaladas, el derecho procesal es, quizás, una de las ramas de la ciencia
jurídica que más distancia presenta entre sus dimensiones teórica y práctica. En
este sentido, hasta hace pocos años la cita a fuentes doctrinales de derecho
procesal en la jurisprudencia se agotaba en un par de manuales clásicos y, hoy
en día, si bien ello ha cambiado, seguimos estando frente a una zona en la que
prima el procedimentalismo y la simplificación de los razonamientos relativos al
derecho procesal.
Sin embargo, esta disociación no sólo se proyecta
en la aplicación de las normas positivas de derecho adjetivo, sino que,
incluso, trascienden al diseño mismo de las reformas en esta materia. Un claro
ejemplo apareció recientemente en un artículo publicado en La Tercera, titulado
“Trámites sin abogado y juicios acotados: los cambios a la nueva justicia civil”[1].
En ella, el ministro de justicia, Hernán Larraín, sostiene que: “…la Reforma
Procesal Civil introduce un procedimiento que, dadas sus características, es
simple, breve y desformalizado, y permite que las partes concurran, sin
necesidad de abogado, a exponer sus conflictos al juez, para que este pueda
resolverlos en una sola audiencia”.
Esta forma de concebir el acceso a la justicia,
que suena bien cuando se lee sobre un papel, ya ha demostrado sus escasas
bondades en la historia reciente. En efecto, al promulgarse la Ley de Tribunales
de Familia, una de sus novedades más destacadas por el Ejecutivo fue la supresión
de la obligatoriedad de la comparecencia a través de un letrado, permitiéndole
a las partes, precisamente, acudir al tribunal a exponer su caso en forma
directa. Por supuesto, ello generó un rápido colapso del sistema, diluyendo las
promesas de un proceso mejor y más eficiente. Los jueces terminaron
convirtiéndose en asesores de las partes, el desorden en la conducción del
proceso fue absoluto e, incluso, las inequidades entre las partes se
intensificaron, cuando una de ellas sí contaba con asesoría profesional. Este
fenómeno, corregido parcialmente mediante una reforma el año 2008, no impidió
que, en diversas materias, siga existiendo la figura del acceso directo de las
partes al tribunal, lo que, por cierto, continúa generando graves problemas
para la correcta administración de justicia[2].
Así las cosas, resulta desalentador ver que,
incluso desde la perspectiva del Ejecutivo, un proceso de mejor calidad para
sus destinatarios pasa por suprimir su derecho a una asesoría letrada. Sin
perjuicio de que, efectivamente, existen diversos procedimientos que, por vía
de la automatización, pueden ser desarrollados sin la necesaria intervención de
un abogado; pensar en ello como una fórmula de aplicación general supone
concebir el acceso a la justicia como un derecho fundamental sin dimensión
prestacional; lo que ya ha demostrado, en el pasado reciente, no ser efectivo.
Ello resulta impropio en la lógica de un estado social, en que sería deseable,
por ejemplo, que el Estado invirtiera más decididamente en expandir las
opciones de que los ciudadanos cuenten con reales alternativas de asesoría
letrada. Esta última idea se ve fortalecida si pensamos en el conflicto civil
como uno en que, hoy en día, se discuten temas que desbordan el paradigma
clásico del derecho civil, involucrando materias vinculadas con relevantes
derechos fundamentales, como ocurre, por ejemplo, con la igualdad ante la ley
en el procedimiento señalado en la llamada “Ley Zamudio”.
En este contexto de divorcio teórico-práctico,
nuestra Red busca ser un puente, una entidad inclusiva que agrupe a jueces,
abogados, estudiantes e interesados en el desarrollo de una ciencia procesal
que no genere conocimiento destinado a circular únicamente entre sus autores,
sino que se traduzca en una mejora de nuestros estándares de justicia, tanto en
clave de lege ferenda como de lege lata. Generar catalizadores de
este tipo es imprescindible para no caer en errores del pasado, optimizar
nuestras instituciones procesales y pensar en la avalancha de cambios que se
avecinan en dicha área. Muchos de esos cambios, por ejemplo, fueron tratados en
nuestro primer foro, realizado el año 2019. Con orgullo, vemos que dicha instancia
fue una de las primeras -cuando no la primera- en abordar la justicia
electrónica en Chile.
En este año, esperamos seguir aglutinando a
personas genuinamente interesadas en cultivar y difundir el derecho procesal en
Chile, por lo que los invito a sumarse y participar de nuestra agrupación.
Seamos puentes.
[1] Disponible en https://www.latercera.com/nacional/noticia/tramites-sin-abogado-juicios-acotados-los-cambios-la-nueva-justicia-civil/971291/.
[2] Un acabado
estudio de campo sobre el particular puede verse en Fuentes Maureira, Claudio,
Los dilemas del juez de familia, en Rev. chilena de Derecho nº 42, vol. 3,
2015., disponible en https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372015000300008.
