UNA MIRADA AL ABANDONO DEL PROCEDIMIENTO SEGÚN LA LEY 21.226 DE 2020 A LA LUZ DE LA ÉTICA PROFESIONAL

UNA MIRADA AL ABANDONO DEL PROCEDIMIENTO SEGÚN LA LEY 21.226 DE 2020 A LA LUZ DE LA ÉTICA PROFESIONAL

Pretendemos en estas líneas realizar algunas breves reflexiones acerca de las solicitudes de abandono del procedimiento a la luz de los recientes fallos de los tribunales superiores sobre la materia, de la legislación aplicable y de una norma que se repite en varios Códigos de Ética Profesional de Colegios de Abogados en Chile.

Como se sabe la Ley 21.226 de 1 de abril de 2020, que “Establece un Régimen Jurídico de Excepción para los Procesos Judiciales, en las Audiencias y Actuaciones Judiciales, y para los plazos y ejercicio de las acciones que indica, por el impacto de la enfermedad COVID-19 en Chile”, dispuso en su artículo 6 la suspensión de los términos probatorios que a la entrada en vigor de esta ley “hubiesen empezado a correr, o que se inicien durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe” en los procedimientos judiciales en trámite ante tribunales ordinarios, especiales o arbitrales del país, suspensión que se mantendría “hasta el vencimiento de los 10 días hábiles posteriores al cese del estado de excepción constitucional…”.

            Si bien pudo en algún momento plantearse la interrogante acerca de si la notificación del auto de prueba en estos procedimientos tenía o no el carácter de gestión útil a los efectos del abandono del procedimiento, atendido que se trataba de una diligencia cuya única relevancia bajo la vigencia de la ley 21.226 de 2020 era solo la de paralizar el procedimiento, lo cierto es que la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia[1] y autorizada doctrina nacional[2], han disipado todo atisbo de dudas. En efecto, dicha jurisprudencia ha dejado en claro que la suspensión de los términos probatorios dispuesta por el art. 6 de la precitada ley no eximía, como es obvio, a la parte demandante de la carga procesal de gestionar y obtener la respectiva notificación del auto de prueba, única manera de hacer que el plazo comenzara a correr y pudiese entonces suspenderse.

Sin perjuicio de que este razonamiento nos parece impecable y libre de cuestionamientos desde una perspectiva netamente procesal o procedimental, queremos apuntar a otro tema que también nos preocupa tanto como los procesales propiamente tales.

La emergencia sanitaria que vivimos durante los último 18 meses nos planteó escenarios tan complejos y catastróficos como los que podrían producirse en el contexto de un evento bélico o situaciones semejantes. En tales momentos difíciles y en el plano judicial y de nuestro quehacer profesional, creemos oportuno atender a una norma del Código de Ética de Colegio de Abogados de Valparaíso A.G., relativa a la “Fraternidad y respeto entre abogados”. Nos referimos al inciso 2° del art. 40 del precitado cuerpo normativo que establece que: “El abogado debe ser caballeroso[3] con sus colegas y facilitarle la solución de inconvenientes momentáneos cuando por causas que no le sean imputables, como ausencia, duelo, enfermedad o de fuerza mayor, estén imposibilitados para servir a su cliente. No faltará por apremio del cliente, a su concepto de la decencia y del honor”[4].

A la luz de esta norma ética solicitar el abandono del procedimiento en juicios civiles, paralizados tras la dictación del auto de prueba, pudiera parecer una conducta “poco caballerosa” de cara a las reales y no pocas confusiones iniciales de interpretación del artículo 6 de la ley 21.226; de las graves dificultades que existieron durante al menos el año 2020 para gestionar notificaciones; y de la peor de las hipótesis, la eventual enfermedad o muerte de algún colega o familiar.

Si bien es cierto que la ley 21.226 establece un procedimiento de reclamo en su artículo 4, esta norma se refiere a impedimentos que sean “consecuencia de las restricciones impuestas por la autoridad en el marco del estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública” y no a eventos de duelos o enfermedad que hayan podido también impedir la gestión judicial o la actividad propulsiva del proceso por parte de un abogado de alguna parte demandante.      

Puede parecer ingenua la reflexión que aquí efectuamos, pero creemos que si bien es tarea de los procesalistas construir razonamientos incuestionables desde la perspectiva legal y científica, la de los académicos universitarios es llamar la atención y ojalá enseñar que el proceso en sí es una cuestión que también posee una faceta muy humana. Faceta que en tiempos difíciles podría haber propiciado una suerte de “tregua” entre abogados con miras a respetar las dificultades que tal vez el otro abogado sufrió en estos meses, actitud que, además, permitía colaborar con la Justicia material procurando que las causas terminen por sentencia de fondo, que proporcione una auténtica solución a los justiciables.

Es por ello que creemos que en estos tiempos difíciles quizás resulta “más caballeroso” abogar con paciencia por la impartición de justicia de fondo para el caso concreto en beneficio de nuestros clientes, evitando terminaciones anormales de los juicios como lo es el abandono de procedimiento, salida que ¾ reiteramos ¾ es procesalmente incuestionable.

            Por estos días, sino hoy mismo, será promulgada y publicada la ley que “Modifica y complementa la Ley N° 21.226 para reactivar y dar continuidad al Sistema de Justicia”, iniciada por mensaje N° 182-369, de 20 de septiembre de 2021, de S.E. el Presidente de la República y cuyo proyecto se contiene en el Boletín 14.590-7. Como el mismo mensaje lo indica, esta ley ¾ que ha debido tramitarse con urgencia¾ viene a establecer un régimen de transición entre las suspensiones de procedimientos establecidas por la ley 21.226 y el régimen de total normalidad que implementará la ley a que de lugar la completa tramitación del Boletín N° 13.752-07 de 2020.

            En lo que aquí nos interesa esta ley agrega un nuevo artículo 12 a la ley 21.226, disposición que en su inciso 3°establece que “Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 152 y 153 del Código de Procedimiento Civil, no se contabilizará el tiempo en que el juicio hubiere estado paralizado por disposición del artículo 6 o por cualquier otra causal producto de la pandemia”.

Lo primero que cabe comentar sobre esta disposición es que los términos amplios que utiliza en la frase final parecen englobar las situaciones de duelo o enfermedad a que aludíamos en párrafos precedentes y que entendíamos quedaban fuera del art. 4 de la ley 21.226. Sin embargo, cabe advertir que, en opinión de la Corte Suprema, la amplitud de la terminología utilizada puede dar origen a un sinfín de incidencias alegando causas de paralización que poco o nada tuvieron que ver con la emergencia sanitaria[5], advertencia que sería innecesaria si se diera estricto cumplimiento por parte de los abogados al artículo 1 del Código de Ética del Colegio de Abogados de Valparaíso, que define al abogado como un “servidor de la justicia y un colaborador en su administración”[6].

En segundo lugar y volviendo sobre el tema central de estas reflexiones, vemos que esta ley descarta definitivamente la posibilidad de solicitar el abandono del procedimiento fundado exclusivamente en el tiempo que el procedimiento estuvo paralizado por aplicación del art. 6 de la ley 21.226. En este punto parece que el legislador coincide con nuestra visión de considerar inadecuado solicitar el abandono del procedimiento en estos juicios “pandémicos”, evitando con ello redoblar los perjuicios ya generados con la sola paralización dispuesta por la antedicha ley 21.226.

En consecuencia, esta nueva legislación parece instar a los abogados a hacer uso de las normas procesales con la finalidad de hacer avanzar los juicios y procurar, lo antes posible, que los conflictos intersubjetivos de intereses en ellos planteados sean solucionados en el fondo, impartiéndose justicia en el caso concreto, finalidad prioritaria de la función jurisdiccional y a cuyo servicio nos encontramos los abogados, sin desmerecer en nada el debido compromiso con los intereses de nuestros clientes.


Silvana Adaros Rojas

Académica investigadora Derecho Procesal

Carrera de Derecho

Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales

UVM


[1] Nos referimos, por una parte, a la Sentencia Excma. Corte Suprema de 9 de julio de 2021 Rol 22.173-2021, con relación a las sentencias de la C. Apelaciones de Valparaíso, de 26 de febrero de 2021, Rol N° 2793-2020 y del Juzgado de Letras de Casablanca de 2 de diciembre de 2020 Rol N° C-2626-2019; y, por otra, a tres fallos de Cortes de Apelaciones, de mayo de 2021, citados por Cortez Matcovich, Gonzalo, “Abandono del procedimiento y ley 21.226”, en  https://www.elmercurio.com/legal/noticias/opinion/2021/08/11/abandono-procedimiento-y-ley-21226.aspx .

[2] Cortez Matcovich, Gonzalo, “Abandono del procedimiento y ley 21.226”, en  https://www.elmercurio.com/legal/noticias/opinion/2021/08/11/abandono-procedimiento-y-ley-21226.aspx

[3] Entendiendo por tal “Propio de un caballero, por su gentileza, desprendimiento, cortesía, nobleza de ánimo u otras cualidades semejantes”, cualidades que entendemos poco tienen que ver con el género en buen castellano. Definición de caballeroso en DRAE

[4] Norma replicada como art. 106 en el Código de Ética del Colegio de Abogados de Chile, vigente desde el 1 de agosto de 2011, en https://colegioabogados.cl/el-colegio/codigo-de-etica-profesional/

[5] Oficio N° 178-2021, de 27 de septiembre, de la Excma. Corte Suprema, informando sobre el Proyecto de Ley que modifica y complementa la ley 21.226 para reactivar y dar continuidad al Sistema de Justicia, en https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=14590-07

[6] Regulación semejante, pero más modernamente expresada, se encuentra en el artículo 2º del Código de Ética del Colegio de Abogados de Chile, vigente desde el 1 de agosto de 2011: “Cuidado de las instituciones. Las actuaciones del abogado deben promover, y en caso alguno afectar, la confianza y el respeto por la profesión, la correcta y eficaz administración de justicia, y la vigencia del estado de derecho.”, en https://colegioabogados.cl/el-colegio/codigo-de-etica-profesional/

UNA ACLARACIÓN CON RELACIÓN A UN PREJUICIO: EL CASO DE LA JUEZA ANDREA ACEVEDO

UNA ACLARACIÓN CON RELACIÓN A UN PREJUICIO: EL CASO DE LA JUEZA ANDREA ACEVEDO

A finales de enero del presente año se produjo uno de los sucesos más lamentables en medio de las protestas callejeras derivadas del estallido social iniciado en Chile en octubre de 2019: la muerte de un hombre de 37 años presuntamente por atropello de un vehículo policial que transitaba por el sector de Plaza Baquedano en Santiago. El 29 de enero el uniformado que conducía el vehículo fue formalizado, en la causa RIT N° O-831-2020, por cuasidelito de homicidio ante el 14° Juzgado de Garantía de Santiago, en audiencia dirigida por la jueza titular Sra. Andrea Acevedo Muñoz. Tras la formalización, se procedió a discutir las medidas cautelares a que quedaría sujeto el imputado, decretándose las alternativas del artículo 155 del Código Procesal Penal, en sus letras c) firma semanal en la 36° Comisaría de La Florida, y d) arraigo nacional. Pese al revuelo mediático y juicio político negativo de esta resolución judicial, lo cierto es que la Tercera Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago la confirmó en lo substancial.       

Hasta aquí el caso judicial no posee mayor interés jurídico, sin embargo esta apreciación cambia cuando tomamos nota de la fundamentación verbal que hace la jueza Acevedo de su decisión y de la polémica que generó esa fundamentación. En efecto, la juzgadora, para contextualizar los hechos objeto de la formalización y del debate sobre las cautelares, señaló que “Estamos en presencia de un hecho que ocurre finalizado un encuentro deportivo con dos equipos que tienen, uno de ellos, por desgracia,una carga histórica que para el deporte no hace ninguna contribución, que es Colo Coloque tiene esta famosa «garra blanca» de por medio, que sus hinchas o así denominados, tienen una actitud no muy acorde a las reglas sociales y al estado de derecho en general”. Continúo la jueza preguntándose “…si un particular cualquiera enfrentado a la misma situación no tendría la misma acción o la misma decisión, de poner en marcha el vehículo y tratar de huir del lugar lo más pronto posible”, añadiendo que “lo que varía es el uniforme, es lo único que varía. Por desgracia ese uniforme atrae sobrerreacciones, como lo son el creer que tienen derecho a agredir por el mero (hecho) de vestir uniforme”. Finalmente, advierte que “habrá que ver otros elementos, además del lugar físicamente donde se encontraba la víctima, porquetambién hay que ver hasta qué punto hay una exposición imprudente al daño, si estaba habilitado para cruzar, y por otro lado el estado etílico, pensemos que él venía saliendo de un partido de fútbol,desconozco las condiciones en las que la propia víctima se encontraba”[1].

De inmediato se alzaron las voces desaprobando los dichos de la jueza Acevedo, comenzando por la Asociación de Magistrados cuya Presidenta señaló que “la independencia necesaria para el digno desempeño del trabajo de jueces y juezas representa un valor democrático que les obliga a ajustar sus resoluciones sólo a las leyes y a los antecedentes de la causa. También impone el deber de fundamentación como herramienta que permite el control a través de recursos”[2]. Por su parte la Corte de Apelaciones de Santiago, al confirmar las cautelares decretadas, señala expresamente en su resolución que “Se hace presente que esta Corte no comparte las expresiones de carácter personal y juicios de valor invocados por la jueza a quo como parte de los fundamentos de la resolución recurrida”[3].  

            Por nuestra parte creemos que la fundamentación de la resolución en comento no es un asunto que tenga relación con la “independencia judicial” sino con otra si acaso más relevante garantía orgánica, cual es la imparcialidad del juzgador.

        En 1982 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolviendo un asunto contra el Reino de Bélgica[4], señaló que la imparcialidad se definía ordinariamente por la ausencia de prejuicios o parcialidades, pero añadió que su existencia podía ser apreciada de diversas maneras, dando paso a una doctrina jurisprudencial constante que distingue entre la imparcialidad objetiva y la subjetiva. Esta última “trata de averiguar la convicción personal de un juez determinado en un caso concreto”, mientras que la primera, la imparcialidad objetiva, se refiere a si el Tribunal “ofrece las garantías suficientes para excluir cualquier duda razonable al respecto”[5] y atiende exclusivamente “a la relación del juzgador con el objeto del proceso”,  persiguiendo que los jueces que intervienen en la resolución de una causa “lo hagan sin prevenciones ni prejuicios en su ánimo derivados de una relación o contacto previos con el objeto del proceso”[6]. Desde luego que la imparcialidad objetiva es ampliamente regulada por el Derecho en todos los sistemas procesales y el chileno no es la excepción, a pesar que esta garantía orgánica, tan esencial para la configuración del proceso y la jurisdicción, no encuentra consagración legal expresa en la Constitución, pero sí la tiene en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (141) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 8.1), aplicables en Chile en virtud del artículo 5 inciso 2° de la Constitución y en el artículo 1 del Código Procesal Penal.

            Pero, volviendo a la imparcialidad subjetiva, lo cierto es que no se puede impedir ni mucho menos regular por el Derecho que un Juez sostenga en su fuero interno las más diversas ideas, convicciones u opiniones sobre distintos aspectos de la vida que pudieran influir en sus decisiones jurisdiccionales, ya se trate aquéllas de nobles convicciones del juez cuanto de meros prejuicios que como personas ordinarias pueden albergar. Lo importante es que esas “convicciones personales del juez” no influyan ni se manifiesten en la parte resolutiva de sus fallos y la única forma en que el Derecho puede evitar tal influencia es regulando instrumentos legales de control de la fundamentación de las resoluciones judiciales. De esta manera, si una resolución judicial se viera impregnada en sus fundamentos de meros prejuicios, los instrumentos de control de esa fundamentación deben permitir la revisión tanto de la falta de racionalidad cuanto de la ausencia de argumentos legales que la sostengan.

            Eso fue lo que rectificó por la vía de un simple recurso de apelación la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones, la falta de imparcialidad subjetiva de la resolución de la Jueza Acevedo, confirmando el fallo, pero argumentando legalmente la decisión, con base en el ordenamiento jurídico procesal penal, único argumento que permitía adoptar la decisión sobre las cautelares en esta causa.

            No se trató entonces este caso de un problema de falta de independencia judicial, sino derechamente de existencia de parcialidad subjetiva en la resolución, lo que en definitiva, se tradujo en la falta de fundamentación racional y legal del fallo, requisito esencial de las resoluciones judiciales que se pronuncian sobre la restricción de derechos fundamentales en nuestro sistema procesal penal (arts. 36 y 122 inciso 2° Código Procesal Penal). 

            La jueza Acevedo como cualquier otro Juez y como cualquier persona puede sostener en su fuero interno las ideas que desee, ni al Derecho ni a los justiciables nos debe interesar lo que los jueces puedan creer o pensar internamente en tanto esas ideas o convicciones preconcebidas no influyan ni se expresen en sus fallos. Tal como señala Couture, los particulares no tienen un derecho adquirido a la sabiduría del juez pero si a su idoneidad, la que dependerá de su imparcialidad además de su independencia, autoridad y responsabilidad[7].


[1] Audiencia judicial,  https://www.youtube.com/watch?v=ak2EQc7jWCg

[2] https://www.magistrados.cl/presidenta-de-la-asociacion-de-magistrados-no-es-admisible-que-el-juzgador-acuda-a-prejuicios-para-resolver/

[3] Corte de Apelaciones de Santiago, 6 de febrero 2020, Tercera Sala, Rit N° 702-2020.

[4] Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 1 octubre 1982, asunto Piersack contra Reino de Bélgica.

[5] Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 1 octubre 1982, asunto Piersack contra Reino de Bélgica, Fundamento 30. En igual sentido, 26 octubre 1984, asunto De Cubber contra Reino de Bélgica y 15 de octubre de 2009, asunto Micallef contra Malta.

[6] Sentencia del Tribunal Constitucional Español 47/1998, 2 marzo, Segunda Sala, FJ. 4º https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/3549

[7] COUTURE, Eduardo (1978): Fundamentos de Derecho Procesal Civil (Buenos Aires, Depalma), pp. 42 y 43.