Palabras al cierre

por Oscar Silva Alvarez | Ago 3, 2020 | Editorial | 0 Comentarios

Escribo esta columna mientras transcurren los últimos días de mi segundo período como presidente de la Red. Nunca pensé en ocupar dicho cargo, pues, pese a participar con entusiasmo desde el inicio, mi derrotero no ha sido el de un investigador a tiempo completo. Mi matrimonio con la litigación y la docencia me ha hecho tener sólo inocentes coqueteos con la actividad investigativa. Sin embargo, junto con sorprenderme por haber sido propuesto, elegido y reelegido para encabezar esta institución, pienso que fue una buena decisión en mi vida.

En estos dos años han pasado muchas cosas, seguramente muchas más de las que imaginé en un comienzo. Primero de forma inorgánica y, luego, sistemáticamente, la Red Chilena de Investigadores en Derecho Procesal se ha ido posicionando en poco tiempo como una institución relevante a nivel nacional para nuestra disciplina. Hemos aglutinado a mentes jóvenes y experimentadas para confluir en un espacio colaborativo, horizontal y sin afanes personalistas; características que, desafortunadamente, muchas veces no están presentes en algunas parcelas del ambiente académico. Es este uno de los motivos por los que la Red Procesal tiene un especial valor para sus miembros. 

Cada una de nuestras actividades ha sido inspirada por la genuina intención de ensanchar las puertas de la investigación y difusión del derecho procesal; disciplina que, durante décadas, ha estado marcada por el culto al rito -muchas veces vacío- la producción científica de vuelo rasante y, sobre todo, un marcado divorcio entre la doctrina y la práctica forense. Es por ello que valoramos contar dentro de nuestros asociados con profesores de derecho procesal, abogados y jueces, que aportan distintas visiones y perspectivas, siempre con el objeto de generar vasos comunicantes entre ambos mundos y, en definitiva, fortalecer la relación entre el derecho procesal y lo que, en terminología de Ehrlich, es el “derecho vivo”.

En la misma línea y dentro de los hitos más importantes que ocurrieron en estos dos años, levantamos el sitio web de la red (www.redprocesal.cl), el cual nutrimos no sólo con información relativa a nuestros miembros, sino que con periódicas columnas de opinión sobre temas contingentes relativos al derecho procesal, generosamente provistas por varios de nuestros integrantes. Además, el año 2019 organizamos, con gran éxito, nuestro primer Foro anual, que versó sobre justicia electrónica y que contó con la participación de expositores nacionales y extranjeros. Expresión de este impacto es que las actas de las ponencias del Foro serán publicadas, próximamente, por la prestigiosa editorial Tirant Lo Blanch, cuya apuesta por nosotros ratifica la posición de la Red en el panorama doctrinal nacional.

Este año ha sido complicado, nada nuevo estoy diciendo con ello. Sin embargo, nuestros proyectos siguen en pie y estoy seguro de que se concretarán y seguirán abriendo el camino para todos aquellos que quieran participar y utilizar nuestra plataforma. Ya organizamos en mayo un primer ciclo de charlas sobre el impacto del coronavirus en el derecho procesal, que contó con un gran número de asistentes y que tendrá, próximamente, una segunda versión. También patrocinamos y participamos en un foro sobre el juicio por jurados, gracias a la gentil invitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA). Además, hace pocos días lanzamos la convocatoria para participar en nuestro segundo Foro anual, el que girará en torno a un tema más que contingente: justicia y poder. En fin, como se ve, la contingencia, afortunadamente, no ha debilitado el ímpetu con que la Red Procesal se ha desenvuelto, lo que es motivo de alegría y satisfacción para todos quienes formamos parte de ella.

Hablar de instituciones es hablar de gente de carne y hueso, que abandona un poco su individualidad para poner esa parte de sus vidas en un proyecto común. Detrás de cada charla, columna, publicación y afiche, hay tiempo valiosamente donado por gente con la que he hemos formado un vínculo fraterno y sincero, que seguramente mantendremos en el curso de los años. Por ello, no quiero dejar de reconocer, con la más honesta gratitud, el gran trabajo efectuado por los demás miembros de la directiva -Sophía Romero, Ramón García, Ramón Beltrán y Andrés Peña-, así como por los miembros del comité académico -Macarena Vargas, Enrique Letelier, Jorge Larroucau y Matías Aránguiz-, pues me consta que han desplegado un esfuerzo lleno de entusiasmo, calidad académica y cariño por nuestra institución. Precisamente en gente como ellos radica la esencia de lo que es la Red Procesal.

Por otra parte, felicito a la nueva directiva, que será encabezada por Priscila Machado, en quien tengo depositada grandes esperanzas de consolidación de nuestro proyecto.

Desde ahora, en mi rol de asociado, espero seguir trabajando para que nuestra Red siga en la senda de convertirse en la institución de referencia del derecho procesal en Chile.

Hasta pronto.

SER PUENTES

por Oscar Silva Alvarez | Ene 20, 2020 | Editorial | 0 Comentarios

Fuera de algunos círculos académicos, prácticamente nadie anticipó lo que ocurrió a partir del 18 de octubre pasado. Sólo después de que el fenómeno de agitación social estalló y se intensificó con inusitada fuerza, comenzaron a aparecer discursos, artículos y conferencias del pasado, en que algunos sociólogos, historiadores y antropólogos, vistos en su momento como exagerados, pesimistas e, incluso, demagogos trasnochados, presagiaban cómo las condiciones en que se desenvolvía la vida nacional iban, más temprano que tarde, a generar una auténtica tormenta social, de la que aún nuestra sociedad no logra recuperarse.

¿Qué tiene que ver el párrafo anterior con el derecho procesal? Desde luego, directamente, nada. Sin embargo, si hacemos un ejercicio de abstracción, llegamos a que, lo que hubo entre las ciencias sociales y la praxis, fue un divorcio. Las advertencias de los entendidos no fueron sembradas en tierra fértil, de modo que, una vez caídas en tierra, fueron ahogadas por un ambiente hostil.

Posiblemente compartiendo las dificultades antes señaladas, el derecho procesal es, quizás, una de las ramas de la ciencia jurídica que más distancia presenta entre sus dimensiones teórica y práctica. En este sentido, hasta hace pocos años la cita a fuentes doctrinales de derecho procesal en la jurisprudencia se agotaba en un par de manuales clásicos y, hoy en día, si bien ello ha cambiado, seguimos estando frente a una zona en la que prima el procedimentalismo y la simplificación de los razonamientos relativos al derecho procesal.

Sin embargo, esta disociación no sólo se proyecta en la aplicación de las normas positivas de derecho adjetivo, sino que, incluso, trascienden al diseño mismo de las reformas en esta materia. Un claro ejemplo apareció recientemente en un artículo publicado en La Tercera, titulado “Trámites sin abogado y juicios acotados: los cambios a la nueva justicia civil”[1]. En ella, el ministro de justicia, Hernán Larraín, sostiene que: “…la Reforma Procesal Civil introduce un procedimiento que, dadas sus características, es simple, breve y desformalizado, y permite que las partes concurran, sin necesidad de abogado, a exponer sus conflictos al juez, para que este pueda resolverlos en una sola audiencia”.

Esta forma de concebir el acceso a la justicia, que suena bien cuando se lee sobre un papel, ya ha demostrado sus escasas bondades en la historia reciente. En efecto, al promulgarse la Ley de Tribunales de Familia, una de sus novedades más destacadas por el Ejecutivo fue la supresión de la obligatoriedad de la comparecencia a través de un letrado, permitiéndole a las partes, precisamente, acudir al tribunal a exponer su caso en forma directa. Por supuesto, ello generó un rápido colapso del sistema, diluyendo las promesas de un proceso mejor y más eficiente. Los jueces terminaron convirtiéndose en asesores de las partes, el desorden en la conducción del proceso fue absoluto e, incluso, las inequidades entre las partes se intensificaron, cuando una de ellas sí contaba con asesoría profesional. Este fenómeno, corregido parcialmente mediante una reforma el año 2008, no impidió que, en diversas materias, siga existiendo la figura del acceso directo de las partes al tribunal, lo que, por cierto, continúa generando graves problemas para la correcta administración de justicia[2].

Así las cosas, resulta desalentador ver que, incluso desde la perspectiva del Ejecutivo, un proceso de mejor calidad para sus destinatarios pasa por suprimir su derecho a una asesoría letrada. Sin perjuicio de que, efectivamente, existen diversos procedimientos que, por vía de la automatización, pueden ser desarrollados sin la necesaria intervención de un abogado; pensar en ello como una fórmula de aplicación general supone concebir el acceso a la justicia como un derecho fundamental sin dimensión prestacional; lo que ya ha demostrado, en el pasado reciente, no ser efectivo. Ello resulta impropio en la lógica de un estado social, en que sería deseable, por ejemplo, que el Estado invirtiera más decididamente en expandir las opciones de que los ciudadanos cuenten con reales alternativas de asesoría letrada. Esta última idea se ve fortalecida si pensamos en el conflicto civil como uno en que, hoy en día, se discuten temas que desbordan el paradigma clásico del derecho civil, involucrando materias vinculadas con relevantes derechos fundamentales, como ocurre, por ejemplo, con la igualdad ante la ley en el procedimiento señalado en la llamada “Ley Zamudio”.

En este contexto de divorcio teórico-práctico, nuestra Red busca ser un puente, una entidad inclusiva que agrupe a jueces, abogados, estudiantes e interesados en el desarrollo de una ciencia procesal que no genere conocimiento destinado a circular únicamente entre sus autores, sino que se traduzca en una mejora de nuestros estándares de justicia, tanto en clave de lege ferenda como de lege lata. Generar catalizadores de este tipo es imprescindible para no caer en errores del pasado, optimizar nuestras instituciones procesales y pensar en la avalancha de cambios que se avecinan en dicha área. Muchos de esos cambios, por ejemplo, fueron tratados en nuestro primer foro, realizado el año 2019. Con orgullo, vemos que dicha instancia fue una de las primeras -cuando no la primera- en abordar la justicia electrónica en Chile.

En este año, esperamos seguir aglutinando a personas genuinamente interesadas en cultivar y difundir el derecho procesal en Chile, por lo que los invito a sumarse y participar de nuestra agrupación.

Seamos puentes.

[1] Disponible en https://www.latercera.com/nacional/noticia/tramites-sin-abogado-juicios-acotados-los-cambios-la-nueva-justicia-civil/971291/.

[2] Un acabado estudio de campo sobre el particular puede verse en Fuentes Maureira, Claudio, Los dilemas del juez de familia, en Rev. chilena de Derecho nº 42, vol. 3, 2015., disponible en https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372015000300008.

“Cuidado: pavimento en mal estado”

por Oscar Silva Alvarez | May 15, 2019 | Editorial | 0 Comentarios

De un tiempo a esta parte, el valor de la publicidad del proceso, entendida en su dimensión de facilitar el acceso al conocimiento de los juicios por parte de los ciudadanos, ha adquirido una fuerza inusitada. El último ejemplo demostrativo de aquello es la ley 20.886, conocida como Ley de Tramitación Electrónica, la que consagra el principio de publicidad en la letra c) de su art. 2º, en términos tales que: “…los sistemas informáticos que se utilicen para el registro de los procedimientos judiciales deberán garantizar el pleno acceso de todas las personas a la carpeta electrónica en condiciones de igualdad, salvo las excepciones establecidas por la ley”.

Por otra parte, la puesta en marcha de la tramitación electrónica significó un cambio de paradigma, sobre todo en cuanto eliminó el soporte material de un proceso que, en el caso del civil, sigue siendo de naturaleza esencialmente escrita. Junto con ello, este cambio vino acompañado de otro principio, también establecido en la ley 20.886, que es el de fidelidad, plasmado en la letra b) del mencionado art. 2º y que supone garantizar, entre otras cosas, la reproducción del contenido de la carpeta electrónica. Ciertamente, dicha reproducción y manejo de la información prometía ser más fluida que el antiguo expediente, tal como consta en la moción parlamentaria que dio inicio a la tramitación de la ley, en que se preveía, como uno de los beneficios de la ley, generar “más facilidad de acceso al expediente”.

Sin embargo, la aplicación práctica de estos principios ha estado lejos de ser satisfactoria, al punto que, hoy en día, es francamente discutible que la publicidad y la fidelidad, en el modelo previsto por el legislador, se hayan verificado en condiciones, al menos, aceptables. Unos cuantos ejemplos así lo confirman.

Durante el mes de abril de 2019, la Oficina Judicial Virtual (OJV) presentó numerosas caídas e intermitencias en su funcionamiento, que generaron serias complicaciones para los usuarios, especialmente en relación con la posibilidad de presentar escritos utilizando dicha plataforma. Aparentemente, esta anomalía se habría producido por un sobreconsumo de consultas masivas al sitio web del Poder Judicial.

Por cierto, el problema no era nuevo. Ya en julio de 2018 se había producido un problema similar, que llevó a la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) a ejercer acciones penales en contra de quienes resultaran responsables de los eventuales delitos cometidos con estas acciones.

Sin que exista claridad absoluta acerca del origen de estas oleadas de consultas que congestionan el sistema de tramitación electrónica, no es tan difícil intuir que, uno de los motivos principales, es la operación de algunas empresas, que proporcionan servicios de seguimiento de movimientos de causas, así como de detección de demandas nuevas -a efectos de dar aviso extraoficial al demandado y ofrecer, simultáneamente, servicios jurídicos de defensa-.

En virtud de esa serie de eventos desafortunados, el día 18 de abril pasado la CAPJ decidió implementar una serie de medidas restrictivas del acceso a la OJV, incluyendo el tan conocido -y molesto- botón “No soy un robot”, la restricción a 600 consultas por hora por persona, entre otros mecanismos.

Ante esta situación cabe preguntarse si la solución implementada es coherente con un sistema que garantice la publicidad en los términos previstos en la ley 20.886 y en el mismo art. 9 del Código Orgánico de Tribunales, así como con un compromiso de facilitar el uso del más importante mecanismo de comunicación de las partes con el tribunal. La respuesta, a nuestro juicio, es categóricamente negativa. Por el contrario, esta conducta refleja un modo de hacer las cosas que, en vez de incrementar las mejoras de un sistema complejo, opta por hacer las cosas más difíciles.

Por lo demás, mucho antes de que ocurrieran los ya descritos problemas de congestión por consultas masivas, la OJV había dado numerosas muestras de ser limitada en el suministro de herramientas para el usuario, junto con ser inestable y fácil de colapsar. Desde que se implementó la tramitación electrónica a mediados de 2016, hasta ahora, no ha habido cambios significativos en la interfaz del sitio web, así como tampoco en la facilidad de uso del sistema (basta, por ejemplo, intentar descargar un e-book de una causa voluminosa para comprobar que es imposible, debiendo revisar la carpeta archivo por archivo, con la consiguiente lentitud y pérdida de fluidez en el análisis). Como gran novedad, sólo hace unos meses debutó (con un mecanismo que, siguiendo la línea habitual, es engorroso) la posibilidad de recusar y suspender causas en los tribunales superiores mediante la compra electrónica del impuesto correspondiente.

Por si fuera poco, la reserva de las demandas y medidas cautelares hasta la notificación de éstas, prevista en la misma letra c) del art. 2º de la ley 20.886 y que sería una manera eficaz de terminar con la consulta masiva de causas nuevas (que apunta, entre otros objetivos, precisamente a obtener información sobre demandas nuevas), es algo que depende, esencialmente, de cada tribunal, sin que exista un sistema centralizado que garantice dicha reserva. Todo ello sin perjuicio del grave daño a la eficacia de la tutela cautelar prejudicial.

            Finalizo esta columna con una comparación: nos resultará familiar que, muchas veces, cuando un camino se encuentra en condiciones deficientes, en vez de repararlo y mejorarlo la autoridad se conforma con advertir al público, mediante un cartel, que el pavimento está en mal estado. Pueden pasar años y el cartel seguirá ahí, cumpliendo su función informativa, mientras el camino empeora constantemente.  Pues bien, un fenómeno similar es el que está ocurriendo con nuestro sistema de tramitación electrónica. A casi tres años de la ley 20.866, parece ser tiempo de cambiar el enfoque con que se están enfrentando sus problemas.