Los proyectos presentados individualmente por las profesoras Agustina Alvarado Urízar (UCN) y Sophía Romero Rodríguez (PUCV), y por el profesor Claudio Fuentes Maureira (UDP) resultaron seleccionados en el concurso Fondecyt de Iniciación en Investigación 2022.
En el caso de la prof. Agustina Alvarado, se trata del proyecto “Régimen de ineficacia de la prueba ilícita en el sistema procesal penal chileno. Estudio dogmático y crítico”, cuya ejecución se extenderá por tres años. En su investigación pretende emprender un estudio analítico, unitario y general del instituto de la prueba ilícita que principie con una reflexión sobre el concepto mismo de prueba ilícita según la formulación prevista en el art. 276 i. 3 CPP (prueba nula y aquella obtenida con inobservancia de garantías fundamentales). El proyecto se aboca al estudio de la operatividad del recurso de nulidad por infracción de derechos fundamentales del art. 373 letra a) CPP, particularmente en lo que atañe a posibilidad de que infracciones a garantías o derechos fundamentales permanezcan en el proceso sin que de ello derive ninguna consecuencia adversa para el ejercicio del ius puniendi. En este escenario, el mayor aporte del proyecto consistirá en intentar recuperar un concepto claro de “garantía” y su conexión con la noción de derechos fundamentales, la importancia de establecer los criterios con que las primeras pueden reconocerse, identificarse o construirse en el sistema normativo y el modo en que pueden entenderse infringidas, todo desde el análisis de la estructura lógica que las contiene (y por tanto del tipo de norma de que se trata). Todo lo indicado, corresponde a una continuación de la línea de la investigación doctoral de la prof. Alvarado, ahora concentrada en el sistema procesal penal chileno.
Por su parte, prof. Sophía Romero se adjudicó el proyecto titulado “Control jurisdiccional de los actos de la Administración: problemas procesales derivados del thema decidendi en el conocimiento efectuado por tribunales ordinarios de justicia”. Con una ejecución que se extenderá hasta marzo de 2024, se pretende elaborar un modelo que aclare los límites del control judicial de los actos administrativos, en base a si el conocimiento se produce por la vía de la reclamación (primera instancia jurisdiccional) o como recurso tras la intervención de un tribunal especial (como en materia ambiental, tributaria), y, asimismo, considerando el efecto pretendido: anulatorio, resarcitorio, u otro de tutela jurisdiccional. También, se quiere aportar con una propuesta de reglas de procedimiento contencioso-administrativo que considere las especiales características del objeto enjuiciado, los efectos que produce la sentencia definitiva dictada y el desequilibrio natural de las partes (particular y Administración) del proceso en cuestión, considerando la delimitación de potestades públicas en juego: administrativas y judiciales. La investigación partirá de la utilización de la categoría dogmática de objeto procesal (que abordó en su tesis doctoral para el proceso civil, publicada por Thomson Reuters bajo el título Los hechos del proceso civil) diferenciando, para el contencioso-administrativo, aquellos mecanismos procesales que buscan anular el acto, obtener la condena a prestación pecuniaria u otras finalidades de tutela jurisdiccional.
Finalmente, el caso del prof. Claudio Fuentes, su estudio -que se extenderá entre 2022 y 2024- lleva por título “Evaluación empírica sobre el funcionamiento de la audiencia preparatoria en las jurisdicciones de familia y laboral”. Se propone desarrollar un estudio empírico cualitativo con el fin de examinar el funcionamiento de la audiencia preparatoria en los procedimientos reformados de familia y laboral. Se busca determinar hasta qué punto y de qué manera esta audiencia está o no cumpliendo el rol de «bisagra» que se le atribuye, especialmente por su ubicación y las distintas finalidades que se le atribuyen. Para lo anterior, además de examinar la doctrina y jurisprudencia existente, se contempla hacer un trabajo de campo en tres regiones del país, mediante la observación de audiencias preparatorias en las judicaturas de familia y laboral, así como entrevistas con jueces, abogados, funcionarios de acta y administradores. Se trata de una investigación en un área en donde se detecta una ausencia de estudios sobre la audiencia preparatoria en los sistemas reformados, especialmente respecto de las prácticas que tienen lugar en ella, y se enmarca en el trabajo académico del prof. Fuentes, que ha estado vinculado al estudio de los procesos de reforma procesal que nuestro país ha llevado a cabo, especialmente la reforma de tribunales de familia, además de que su tesis doctoral implicó una investigación empírica y de derecho comparado sobre la materia.
Los profesores Claudio Fuentes y Ricardo Lillo, de la U. Diego Portales, defendieron recientemente sus proyectos de tesis de forma exitosa, obteniendo sus grados académicos por la U. de Stanford y la U. de California Los Ángeles (UCLA) – U. Diego Portales, respectivamente.
El profesor Claudio Fuentes defendió la tesis titulada «The Challenges and complexities of procedural legal transplants: the Case of Chile». En palabras de su autor, la tesis examina cómo se ha implementado en la práctica la audiencia de juicio en los sistemas procesales reformados (penal, familia y laboral).
La novedad del trabajo, es que se trata de una tesis empírica, que hace uso de métodos derivados de las ciencias sociales, como observación participante, entrevistas con jueces, funcionarios, administradores y abogados, así como de las personas que estuvieron detrás de las reformas legales, junto con estadísticas descriptivas y estudios de la discusión legislativa.
Asimismo, el trabajo analiza hasta qué punto lo que dice la ley se cumple en la práctica, explorando las razones de la distancia entre ellas, dando cuenta de los problemas actuales. Con esta información la investigación dialoga con la literatura de reformas procesales y de transplantes legales, dado que originalmente el sistema judicial chileno no funcionaba de esa manera, introduciéndose ideas inicialmente foráneas mediante las reformas procesales. Finalmente la tesis intenta explicar qué factores operaron que explican las diferencias observadas de funcionamiento.
Tras la defensa, Fuentes obtuvo el grado a académico de Doctor of the Science of Law (J.S.D) por la Stanford University.
Por su parte, el profesor Ricardo Lillo defendió su trabajo titulado “Understanding Due Process in Non-Criminal Matters: How to Harmonize Procedural Guarantees with the Right to a Court”.
Según las palabras de su autor, la tesis parte de la idea del impacto crítico que tiene la comprensión que se tenga de las exigencias del debido proceso, en tanto derecho fundamental, en la manera en que un procedimiento civil es diseñado y cuán accesible es para la solución de conflictos de interés de relevancia jurídica, de diversas complejidades.
Utilizando herramientas de derecho comparado, así como metodologías de corte empírico, el estudio describe cómo el debidoproceso ha sido y es entendido y aplicado desde un punto de vista histórico a partir de su incorporación en la Magna Carta de 1215, y en la jurisprudencia de tribunales tanto en la jurisdicción de Estados Unidos como en las internacionales (Sistemas interamericano y europeo de protección de los derechos humanos).
En base a ello, se aboga por una teoría de debido proceso especialmente diseñada para procedimientos adjudicativos de carácter civil que permita responder cuáles son sus requerimientos básicos en estas materias. A través de esta teoría, que es construida desde la observación práctica -y de allí su relevancia y novedad- se busca por una parte compatibilizar las exigencias del debido proceso con las demandas sociales por una justicia civil más accesible, sobre todo respecto de de causas de baja complejidad pero de alta prevalencia entre la población, y por la otra, con la necesidad de distribuir recursos que son escasos a la hora de elaborar una política pública en la materia.
Tras la defensa, Lillo obtuvo los grados académicos de Doctor of Juridical Science (S.J.D.) por la University of California Los Angeles (UCLA) y de Doctor en Derecho por la U. Diego Portales -por el convenio de doble titulación que tiene la UCLA con la universidad chilena-.
¡Felicitamos a Claudio y a Ricardo por el trabajo efectuado!
Los proyectos de ambos miembros de nuestra asociación, profesores de la PUCV y de la U. de Talca, respectivamente, resultaron seleccionados en el proceso de adjudicación de fondos estatales para investigación en el área de las ciencias jurídicas. En esta nota, conozca más de ambos proyectos en la síntesis de la descripción que cada uno de los investigadores hizo de sus propuestas: “La aplicación preferente, alternativa o residual de la protección de derechos fundamentales: Un estudio dogmático de los efectos procesales del art. 20 inciso 1° in fine de la Constitución de 1980”, de Jorge Larroucau Torres (2020-2022). La investigación, que cuenta con la participación como investigador asociado del profesor Raúl Núñez Ojeda (de la PUCV, también miembro de la Red Procesal), indaga en las tres interpretaciones que admite el art. 20 inciso 1° in fine de la Constitución de 1980 (“sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”) cuando regula la protección de derechos fundamentales antes las Cortes chilenas: una aplicación preferente, alternativa o residual de esta tutela de urgencia en relación con otros procedimientos tanto administrativos como judiciales a los que puede acudir una persona afectada en uno de sus derechos fundamentales.
Esta triple significación determina los dos principales efectos procesales que tiene este enunciado con respecto a esta tutela cautelar de urgencia: (1) un efecto inicial, asociado al plazo para recurrir de protección ante la Corte respectiva, en donde es preciso establecer si dicho plazo se interrumpe o suspende cuando la persona afectada acude en forma previa a otro procedimiento (administrativo o judicial, general o especial); y, (2) un efecto terminal, en cuanto al valor de cosa juzgada –formal o material– de la decisión que toma la Corte sobre la protección de derechos fundamentales, en atención a que la persona afectada podría acudir más adelante a alguno de los otros procedimientos a su disposición. Ambas cuestiones serán objeto de la investigación que se ejecutará.
La investigación tiene una relevancia dogmática por cuanto elucida las principales cuestiones procesales en lo que respecta a la protección de derechos fundamentales del art. 20 de la Constitución de 1980, especialmente en relación con las distinciones (legales, conceptuales y jurisprudenciales) necesarias para determinar el cómputo del plazo y el efecto de cosa juzgada en relación con los otros procedimientos tanto administrativos como judiciales de que dispone la persona afectada en uno de sus derechos fundamentales.
“La recurribilidad efectiva a través del recurso de nulidad laboral: Una propuesta reivindicando el deber de motivación, la integridad de la respuesta jurisdiccional y del derecho al recurso”, de Diego Palomo Vélez (2020-2021). La hipótesis de esta investigación, que cuenta con la participación de los profesores Cristian Contreras (U. de Talca) y Jordi Delgado (U. Austral) –ambos miembros de nuestra asociación-, es que la restrictiva y formalizada interpretación que las Cortes de Apelaciones han dado al recurso de nulidad en cuanto instrumento de control de lo decidido por los jueces de primer grado, en los hechos ha tornado en argumentativamente infalibles la gran mayoría de las sentencias laborales, con seria afectación no sólo del estándar que debe reconocerse al derecho al recurso como integrante del derecho al debido proceso, sino que de la interdicción del desborde de las atribuciones de este sentenciador solitario en el sentido que marcan los límites que imponen el respeto a las llamadas reglas de la sana crítica y el deber de fundamentación de los fallos. El objetivo general será la revisión crítica de los criterios interpretativos que se han instalado en las Cortes de Apelaciones al momento de conocer y fallar respecto de los recursos de nulidad laboral y, a partir de allí, proponer una fórmula general y lecturas interpretativas específicas que permitan superar la práctica judicial actual que ha terminado desfigurando o haciendo en buena medida ilusorio el deber de motivación y el derecho al recurso en el orden jurisdiccional laboral. Esta investigación es la continuación de la efectuada por el investigador responsable, sobre el funcionamiento de la Justicia laboral desde la perspectiva de los pilares sobre los cuales se levanta, con impacto en cómo se entiende el proceso, la prueba, los principios en una fórmula que aspira por sobre todo a la rapidez de la respuesta jurisdiccional. Ello se ha traducido en la dirección de un libro colectivo sobre la Justicia y el Proceso Laboral y diversos artículos publicados en revistas nacionales y extranjeras. Felicitamos a nuestros miembros por haber sido seleccionados y les deseamos el mayor de los éxitos y productividad en sus respectivas investigaciones.
Titulado “La declaración testimonial
de niños, niñas y adolescentes. Propuesta de un estándar normativo para su
práctica y valoración”, nuestro asociado obtuvo financiamiento estatal para su
investigación, patrocinado por la U. de Talca, por un período de tres años.
En palabras de su autor, “(…) el problema
jurídico que se proyecta abordar con el desarrollo de la investigación dice
relación con los desafíos que plantea el testimonio judicial de niños, niñas y
adolescentes, a quienes se les ha reconocido el carácter de fuentes de prueba
en diversas sedes procesales. De esta forma, el objetivo general del trabajo
consiste en proponer un estándar normativo general para la práctica y
valoración de la declaración testimonial de niños, niñas y adolescentes en el
ordenamiento procesal chileno, que cumpla con las garantías del debido proceso
-particularmente los derechos de los litigantes para presentar su prueba, controlar
la prueba de la contraria y obtener una sentencia motivada racionalmente- y la
protección integral de los derechos de la niñez”.
Esta investigación tiene como antecedente el hecho que “(…) las
reformas al sistema procesal chileno han procurado eliminar las barreras de
entrada para la práctica de medios de prueba (…) y en lo que respecta a las
declaraciones testificales, se ha suprimido toda limitación etaria para admitir
la deposición de una persona, de modo que las partes pueden valerse de los
relatos prestados por niños, niñas y adolescentes en apoyo de sus pretensiones.
Sin embargo, el legislador procesal no ha dado mayores luces acerca de cómo
deben abordarse cada una de las particularidades que presenta la obtención y
valoración de estas declaraciones”.
Sin embargo, esta circunstancia “(…) no puede hacernos
olvidar que las personas menores de edad son merecedoras de una particular
protección jurídica, preocupación que se ha ido incorporando paulatinamente al
ordenamiento procesal, por ejemplo, con el empleo de la sala Gesell (procesos
de familia) o la entrevista videograbada para menores víctimas de delitos
sexuales (Ley N° 21.057)”.
La investigación que se desarrollará
resulta relevante, porque frente a las declaraciones de niños, niñas y
adolescentes en los procesos judiciales “(…) el ordenamiento jurídico debe
contar con los instrumentos necesarios para hacerle frente a los desafíos que
de ello se generan. Por tanto, resulta indispensable establecer un estándar
normativo general para la práctica y valoración de la declaración testimonial
de niños, niñas y adolescentes en el ordenamiento procesal chileno, que
equilibre las garantías del debido proceso y la protección integral de los
derechos de la niñez.
Para ello se requiere de un trabajo
que analice en profundidad el derecho a la prueba, el derecho a la sentencia
motivada, el régimen jurídico de la prueba de declaración de testigos menores
de edad, la jurisprudencia más relevante que versa sobre este tema a distintos
niveles y el complemento insoslayable que para estos efectos revisten las obras
que han surgido desde el campo de la psicología jurídica, en particular la que
estudia los distintos aspectos del testimonio infantil”.
Así, la investigación proyectada
pretende profundizar parte del trabajo que el profesor Contreras efectuó en uno
de los
capítulos de su tesis doctoral -titulado “Valoración
de las pruebas de declaración de personas en el proceso civil”– el que comprende
el estudio de los aspectos generales de la obtención y valoración de las
declaraciones personales, temas que están plenamente conectados con la
investigación que se pretende llevar a cabo, pues sientan las bases a partir de
las cuales se debe analizar las declaraciones testimoniales de las personas
menores de edad.
Del mismo modo, cabe mencionar dentro de la línea de investigación, el trabajo “El testimonio infantil en la justicia de familia”, expuesto en las VII Jornadas Nacionales de Derecho Procesal (PUC, 2018) y que será incluido en el libro que se lanzará en las próximas semanas.
Hasta el 31 de mayo se encuentra abierta la convocatoria al primer Primer Foro Anual de la Red Chilena de Investigadores en Derecho Procesal.
¿Cómo serán los procesos judiciales en un futuro cercano, qué rol jugará la inteligencia artificial en la defensa o resolución de un caso? son algunas de las preguntas que se intentarán responder en el Primer Foro Anual de la Red Chilena de Investigadores en Derecho Procesal (RedProcesal) , que se realizará los días 1 y 2 de agosto, en Viña del Mar y Valparaíso.
Otras temáticas a debatir son aquellos trámites que “no volverán a ser nunca más escriturados en papel” y , “qué usos se les dará a los datos judiciales albergados en la Oficina Judicial Virtual”.
RedProcesal invita a todos los interesados en participar en el Foro sobre “Justicia Electrónica: Una realidad en Chile”, en el Campus Viña del Mar de la Universidad Adolfo Ibáñez y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso (Valparaíso).
“El objetivo de este Foro es incentivar el desarrollo de investigaciones o estudios destinados a analizar el impacto, los desafíos y las oportunidades que las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones plantean al mundo del D”, se lee en el sitio web de la Red.
El interés principal radica en los avances e innovaciones que se pueden lograr en la administración de Justicia.
Por ello, los trabajos que se envíen pueden tener un enfoque teórico, histórico, empírico, jurisprudencial, filosófico, o de políticas públicas relacionados con el derecho público. Y, en particular, relativos al derecho procesal.
La convocatoria no está dirigida exclusivamente a abogados, sino que está abierta todos quienes tengan interés en desarrollar perspectivas multidisciplinarias, como profesionales de las ciencias sociales, incluyendo historia, economía, sociología, entre otras.
Asimismo, podrán postular estudiantes de pregrado y posgrado, y también a litigantes.
Los interesados deberán enviar un resumen del trabajo, con un máximo de 2000 palabras, hasta el 31 de mayo de 2019, al correo electrónico contacto@redprocesal.cl, con indicación de su nombre completo, profesión e institución a la que pertenece.
Con fecha 30 de junio de 2019 se informarán los trabajos que resulten seleccionados para exponer durante los días del Foro. Quienes sean elegidos deberán comprometerse a enviar el trabajo completo, cuya extensión máxima será de 7.500 a 10.000 palabras, con el fin de que puedan ser publicados.
La selección de los trabajos estará a cargo de un comité editorial compuesto por tres miembros de la Red Chilena de Investigadores de Derecho Procesal (RedProcesal) integrado por los profesores Macarena Vargas, Jorge Larroucau y Enrique Letelier.
