Profesores miembros de la Red Procesal obtienen Doctorado en Derecho en EE.UU.

Profesores miembros de la Red Procesal obtienen Doctorado en Derecho en EE.UU.

Los profesores Claudio Fuentes y Ricardo Lillo, de la U. Diego Portales, defendieron recientemente sus proyectos de tesis de forma exitosa, obteniendo sus grados académicos por la U. de Stanford y la U. de California Los Ángeles (UCLA) – U. Diego Portales, respectivamente.

El profesor Claudio Fuentes defendió la tesis titulada «The Challenges and complexities of procedural legal transplants: the Case of Chile». En palabras de su autor, la tesis examina cómo se ha implementado en la práctica la audiencia de juicio en los sistemas procesales reformados (penal, familia y laboral).

La novedad del trabajo, es que se trata de una tesis empírica, que hace uso de métodos derivados de las ciencias sociales, como observación participante, entrevistas con jueces, funcionarios, administradores y abogados, así como de las personas que estuvieron detrás de las reformas legales, junto con estadísticas descriptivas y estudios de la discusión legislativa.

Asimismo, el trabajo analiza hasta qué punto lo que dice la ley se cumple en la práctica, explorando las razones de la distancia entre ellas, dando cuenta de los problemas actuales. Con esta información la investigación dialoga con la literatura de reformas procesales y de transplantes legales, dado que originalmente el sistema judicial chileno no funcionaba de esa manera, introduciéndose ideas inicialmente foráneas mediante las reformas procesales. Finalmente la tesis intenta explicar qué factores operaron que explican las diferencias observadas de funcionamiento.

Tras la defensa, Fuentes obtuvo el grado a académico de Doctor of the Science of Law (J.S.D) por la Stanford University.

Por su parte, el profesor Ricardo Lillo defendió su trabajo titulado “Understanding Due Process in Non-Criminal Matters: How to Harmonize Procedural Guarantees with the Right to a Court”.

Según las palabras de su autor, la tesis parte de la idea del impacto crítico que tiene la comprensión que se tenga de las exigencias del debido proceso, en tanto derecho fundamental, en la manera en que un procedimiento civil es diseñado y cuán accesible es para la solución de conflictos de interés de relevancia jurídica, de diversas complejidades.

Utilizando herramientas de derecho comparado, así como metodologías de corte empírico, el estudio describe cómo el debidoproceso ha sido y es entendido y aplicado desde un punto de vista histórico a partir de su incorporación en la Magna Carta de 1215, y en la jurisprudencia de tribunales tanto en la jurisdicción de Estados Unidos como en las internacionales (Sistemas interamericano y europeo de protección de los derechos humanos).

En base a ello, se aboga por una teoría de debido proceso especialmente diseñada para
procedimientos adjudicativos de carácter civil que permita responder cuáles son sus requerimientos básicos en estas materias. A través de esta teoría, que es construida desde la observación práctica -y de allí su relevancia y novedad- se busca por una parte compatibilizar las exigencias del debido proceso con las demandas sociales por una
justicia civil más accesible, sobre todo respecto de de causas de baja complejidad pero de alta prevalencia entre la población, y por la otra, con la necesidad de distribuir recursos que son escasos a la hora de elaborar una política pública en la materia.

Tras la defensa, Lillo obtuvo los grados académicos de Doctor of Juridical Science (S.J.D.) por la University of California Los Angeles (UCLA) y de Doctor en Derecho por la U. Diego Portales -por el convenio de doble titulación que tiene la UCLA con la universidad chilena-.

¡Felicitamos a Claudio y a Ricardo por el trabajo efectuado!

Profesores Jorge Larroucau y Diego Palomo se adjudican fondos en el concurso FONDECYT Regular 2020.

Profesores Jorge Larroucau y Diego Palomo se adjudican fondos en el concurso FONDECYT Regular 2020.

Los proyectos de ambos miembros de nuestra asociación, profesores de la PUCV y de la U. de Talca, respectivamente, resultaron seleccionados en el proceso de adjudicación de fondos estatales para investigación en el área de las ciencias jurídicas.
En esta nota, conozca más de ambos proyectos en la síntesis de la descripción que cada uno de los investigadores hizo de sus propuestas:
“La aplicación preferente, alternativa o residual de la protección de derechos fundamentales: Un estudio dogmático de los efectos procesales del art. 20 inciso 1° in fine de la Constitución de 1980”, de Jorge Larroucau Torres (2020-2022).
La investigación, que cuenta con la participación como investigador asociado del profesor Raúl Núñez Ojeda (de la PUCV, también miembro de la Red Procesal), indaga en las tres interpretaciones que admite el art. 20 inciso 1° in fine de la Constitución de 1980 (“sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”) cuando regula la protección de derechos fundamentales antes las Cortes chilenas: una aplicación preferente, alternativa o residual de esta tutela de urgencia en relación con otros procedimientos tanto administrativos como judiciales a los que puede acudir una persona afectada en uno de sus derechos fundamentales.

Esta triple significación determina los dos principales efectos procesales que tiene este enunciado con respecto a esta tutela cautelar de urgencia: (1) un efecto inicial, asociado al plazo para recurrir de protección ante la Corte respectiva, en donde es preciso establecer si dicho plazo se interrumpe o suspende cuando la persona afectada acude en forma previa a otro procedimiento (administrativo o judicial, general o especial); y, (2) un efecto terminal, en cuanto al valor de cosa juzgada –formal o material– de la decisión que toma la Corte sobre la protección de derechos fundamentales, en atención a que la persona afectada podría acudir más adelante a alguno de los otros procedimientos a su disposición. Ambas cuestiones serán objeto de la investigación que se ejecutará.

La investigación tiene una relevancia dogmática por cuanto elucida las principales cuestiones procesales en lo que respecta a la protección de derechos fundamentales del art. 20 de la Constitución de 1980, especialmente en relación con las distinciones (legales, conceptuales y jurisprudenciales) necesarias para determinar el cómputo del plazo y el efecto de cosa juzgada en relación con los otros procedimientos tanto administrativos como judiciales de que dispone la persona afectada en uno de sus derechos fundamentales.

“La recurribilidad efectiva a través del recurso de nulidad laboral: Una propuesta reivindicando el deber de motivación, la integridad de la respuesta jurisdiccional y del derecho al recurso”, de Diego Palomo Vélez (2020-2021).
La hipótesis de esta investigación, que cuenta con la participación de los profesores Cristian Contreras (U. de Talca) y Jordi Delgado (U. Austral) –ambos miembros de nuestra asociación-, es que la restrictiva y formalizada interpretación que las Cortes de Apelaciones han dado al recurso de nulidad en cuanto instrumento de control de lo decidido por los jueces de primer grado, en los hechos ha tornado en argumentativamente infalibles la gran mayoría de las sentencias laborales, con seria afectación no sólo del estándar que debe reconocerse al derecho al recurso como integrante del derecho al debido proceso, sino que de la interdicción del desborde de las atribuciones de este sentenciador solitario en el sentido que marcan los límites que imponen el respeto a las llamadas reglas de la sana crítica y el deber de fundamentación de los fallos.
El objetivo general será la revisión crítica de los criterios interpretativos que se han instalado en las Cortes de Apelaciones al momento de conocer y fallar respecto de los recursos de nulidad laboral y, a partir de allí, proponer una fórmula general y lecturas interpretativas específicas que permitan superar la práctica judicial actual que ha terminado desfigurando o haciendo en buena medida ilusorio el deber de motivación y el derecho al recurso en el orden jurisdiccional laboral.
Esta investigación es la continuación de la efectuada por el investigador responsable, sobre el funcionamiento de la Justicia laboral desde la perspectiva de los pilares sobre los cuales se levanta, con impacto en cómo se entiende el proceso, la prueba, los principios en una fórmula que aspira por sobre todo a la rapidez de la respuesta jurisdiccional. Ello se ha traducido en la dirección de un libro colectivo sobre la Justicia y el Proceso Laboral y diversos artículos publicados en revistas nacionales y extranjeras.
Felicitamos a nuestros miembros por haber sido seleccionados y les deseamos el mayor de los éxitos y productividad en sus respectivas investigaciones.

PROFESOR CRISTIAN CONTRERAS ROJAS SE ADJUDICA PROYECTO FONDECYT DE INICIACIÓN AÑO 2019

PROFESOR CRISTIAN CONTRERAS ROJAS SE ADJUDICA PROYECTO FONDECYT DE INICIACIÓN AÑO 2019

Titulado “La declaración testimonial de niños, niñas y adolescentes. Propuesta de un estándar normativo para su práctica y valoración”, nuestro asociado obtuvo financiamiento estatal para su investigación, patrocinado por la U. de Talca, por un período de tres años.

En palabras de su autor, “(…) el problema jurídico que se proyecta abordar con el desarrollo de la investigación dice relación con los desafíos que plantea el testimonio judicial de niños, niñas y adolescentes, a quienes se les ha reconocido el carácter de fuentes de prueba en diversas sedes procesales. De esta forma, el objetivo general del trabajo consiste en proponer un estándar normativo general para la práctica y valoración de la declaración testimonial de niños, niñas y adolescentes en el ordenamiento procesal chileno, que cumpla con las garantías del debido proceso -particularmente los derechos de los litigantes para presentar su prueba, controlar la prueba de la contraria y obtener una sentencia motivada racionalmente- y la protección integral de los derechos de la niñez”.

Esta investigación tiene como antecedente el hecho que “(…) las reformas al sistema procesal chileno han procurado eliminar las barreras de entrada para la práctica de medios de prueba (…) y en lo que respecta a las declaraciones testificales, se ha suprimido toda limitación etaria para admitir la deposición de una persona, de modo que las partes pueden valerse de los relatos prestados por niños, niñas y adolescentes en apoyo de sus pretensiones. Sin embargo, el legislador procesal no ha dado mayores luces acerca de cómo deben abordarse cada una de las particularidades que presenta la obtención y valoración de estas declaraciones”.

Sin embargo, esta circunstancia “(…) no puede hacernos olvidar que las personas menores de edad son merecedoras de una particular protección jurídica, preocupación que se ha ido incorporando paulatinamente al ordenamiento procesal, por ejemplo, con el empleo de la sala Gesell (procesos de familia) o la entrevista videograbada para menores víctimas de delitos sexuales (Ley N° 21.057)”.

La investigación que se desarrollará resulta relevante, porque frente a las declaraciones de niños, niñas y adolescentes en los procesos judiciales “(…) el ordenamiento jurídico debe contar con los instrumentos necesarios para hacerle frente a los desafíos que de ello se generan. Por tanto, resulta indispensable establecer un estándar normativo general para la práctica y valoración de la declaración testimonial de niños, niñas y adolescentes en el ordenamiento procesal chileno, que equilibre las garantías del debido proceso y la protección integral de los derechos de la niñez.

Para ello se requiere de un trabajo que analice en profundidad el derecho a la prueba, el derecho a la sentencia motivada, el régimen jurídico de la prueba de declaración de testigos menores de edad, la jurisprudencia más relevante que versa sobre este tema a distintos niveles y el complemento insoslayable que para estos efectos revisten las obras que han surgido desde el campo de la psicología jurídica, en particular la que estudia los distintos aspectos del testimonio infantil”.

Así, la investigación proyectada pretende profundizar parte del trabajo que el profesor Contreras efectuó en uno de los capítulos de su tesis doctoral -titulado “Valoración de las pruebas de declaración de personas en el proceso civil”– el que comprende el estudio de los aspectos generales de la obtención y valoración de las declaraciones personales, temas que están plenamente conectados con la investigación que se pretende llevar a cabo, pues sientan las bases a partir de las cuales se debe analizar las declaraciones testimoniales de las personas menores de edad.

Del mismo modo, cabe mencionar dentro de la línea de investigación, el trabajo “El testimonio infantil en la justicia de familia”, expuesto en las VII Jornadas Nacionales de Derecho Procesal (PUC, 2018) y que será incluido en el libro que se lanzará en las próximas semanas.

Red Procesal

Foro procesal sobre justicia electrónica

Foro procesal sobre justicia electrónica

Hasta el 31 de mayo se encuentra abierta la convocatoria al primer Primer Foro Anual de la Red Chilena de Investigadores en Derecho Procesal.

¿Cómo serán los procesos judiciales en un futuro cercano, qué rol jugará la inteligencia artificial en la defensa o resolución de un caso? son algunas de las preguntas que se intentarán responder en el  Primer Foro Anual de la Red Chilena de Investigadores en Derecho Procesal (RedProcesal) , que se realizará los días 1 y 2 de agosto, en Viña del Mar y Valparaíso.

Otras temáticas a debatir son aquellos trámites que “no volverán a ser nunca más escriturados en papel” y , “qué usos se les dará a los datos judiciales albergados en la Oficina Judicial Virtual”.

RedProcesal invita a todos los interesados en participar en el Foro sobre “Justicia Electrónica: Una realidad en Chile”, en el Campus Viña del Mar de la Universidad Adolfo Ibáñez y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso (Valparaíso).

“El objetivo de este Foro es incentivar el desarrollo de investigaciones o estudios destinados a analizar el impacto, los desafíos y las oportunidades que las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones plantean al mundo del D”, se lee en el sitio web de la Red.

El interés principal radica en los avances e innovaciones que se pueden lograr en la administración de Justicia.

Por ello, los trabajos que se envíen pueden tener un enfoque teórico, histórico, empírico, jurisprudencial, filosófico, o de políticas públicas relacionados con el derecho público. Y, en particular, relativos al derecho procesal.

La convocatoria no está dirigida exclusivamente a abogados, sino que está abierta todos quienes tengan interés en desarrollar perspectivas multidisciplinarias, como profesionales de las ciencias sociales, incluyendo historia, economía, sociología, entre otras.

Asimismo, podrán postular estudiantes de pregrado y posgrado, y también a litigantes.

Los interesados deberán enviar un resumen del trabajo, con un máximo de 2000 palabras, hasta el 31 de mayo de 2019, al correo electrónico contacto@redprocesal.cl, con indicación de su nombre completo, profesión e institución a la que pertenece.

Con fecha 30 de junio de 2019 se informarán los trabajos que resulten seleccionados para exponer durante los días del Foro. Quienes sean elegidos deberán comprometerse a enviar el trabajo completo, cuya extensión máxima será de 7.500 a 10.000 palabras, con el fin de que puedan ser publicados.

La selección de los trabajos estará a cargo de un comité editorial compuesto por tres miembros de la Red Chilena de Investigadores de Derecho Procesal (RedProcesal) integrado por los profesores Macarena Vargas, Jorge Larroucau y Enrique Letelier.

Más información en https://redprocesal.cl/convocatoria/